La Audiencia juzgará la próxima semana a un pintor que supuestamente construyó diez viviendas sin licencia ni proyecto y sin cumplir ninguna normativa urbanística en el barrio palmesano de Hostalets y las vendió, hechos por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 8 años de cárcel y multado con 36.000 euros.
El ministerio público reclama también una condena de 4 años y 6 meses y multa de 18.000 euros para un notario de Marratxí como supuesto cómplice de la estafa y por un presunto delito continuado de falsedad documental, por ayudarle a dotar las viviendas de apariencia legal otorgando varias escrituras falsas.
También está acusado un arquitecto técnico para quien la Fiscalía pide una condena de 2 años y 18.000 euros de multa por un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial porque simuló datos en la tramitación de un expediente de cédula de habitabilidad.
El principal acusado, un pintor sin ninguna otra cualificación técnica, construyó entre mayo de 2004 y octubre de 2005 diez viviendas en un edificio del barrio des Hostalets y las vendió ocultando a los compradores que se habían construido sin licencia de obras, contraviniendo la normativa municipal y que carecían de cédula de habitabilidad.
Siete compradores distintos le pagaron entre 73.000 y 120.000 euros por las viviendas que padecen humedades, goteras, filtraciones y fisuras en paredes y techos por defectos en su construcción, que han supuesto cuantiosas inversiones de reparación. Lo que cobró en total superó los 580.000 euros.
Para dotar las viviendas de legalidad aparente, se puso de acuerdo con el notario también acusado para otorgar una escritura de compraventa de un inmueble con local comercial construido en 1900; otra tres días después que cambiaba la descripción a inmueble ampliado con nueve viviendas, y una tercera cuatro meses posterior donde figura que el edificio albergaba diez casas.
Por otro lado, el principal acusado también se puso de acuerdo con un arquitecto técnico para simular en el expediente de tramitación de cédulas de habitabilidad que los compradores las solicitaban por renovación al haber caducado las cédulas anteriores que en realidad no existían.
El Ayuntamiento de Palma abrió un expediente de infracción en 2009 por todas las irregularidades detectadas, determinó que era imposible legalizar las viviendas y comunicó a los propietarios en marzo de 2012 la propuesta de demolición, retirada o reconstrucción de las obras, a su cargo.
Además de las penas de cárcel y las multas para los tres implicados, la Fiscalía reclama que el promotor abone a los respectivos compradores los precios por la adquisición de las viviendas.
El juicio tendrá lugar el martes y el miércoles de la semana próxima ante la Sección Primera de la Audiencia de Palma.
