A la espera de que se publiquen las cuestionadas balanzas fiscales, por las que se vislumbra el diferencial entre lo que una Comunidad aporta y recibe del Estado, vamos a ir conociendo paulatinamente las estrategias de todos los barones, de idéntica o diferente ideología, para tratar de afianzar sus legítimas aspiraciones de obtener una financiación justa. El problema es que la polémica metodología del cálculo de referencia no satisfará a todos y menos aún los criterios por lo que se redistribuya la riqueza, en una España que quiere profundizar en su asimétría. Es lógico y hasta plausible que los gobiernos autonómicos persigan el beneficio de sus ciudadanos, a los que se deben por mandato electoral, aunque esa defensa territorial pudiera afectar negativamente a otros compatriotas. Lo que resulta menos razonable es que todos pretendan ganar en el reparto de los recursos públicos, que fluyen como vasos comunicantes, cuando ya no podemos reabrir el grifo del déficit.
Salvando los territorios forales, que gozan de un extemporáneo concierto económico, todas las demás regiones se atienen a una Ley de Financiación (LOFCA) que está a punto de celebrar su cuarto aniversario, sin que ninguno de los partidos que la aprobó quiera revalidarla. La discrecionalidad en la aplicación de los cuatro fondos, con los que se complementa la cesión de la mitad de los impuestos indirectos y especiales de competencia estatal, hace que la presumible ordinalidad se rompa y sólo dos autonomías sean contribuyentes netas y siquiera sean las que más recursos reciben proporcionalmente. Parece sensato aspirar a que esa trasgresión se repare y que obtenga más quien aporte más o, al menos, que no se alteren las posiciones en el reajuste. Ahora bien, no convendría perder de vista que los territorios no tributan, sino las sociedades mercantiles o las personas físicas y que el dinero no circula por compartimentos estancos y unidireccionales, ni los recursos se generan donde se liquidan, hasta el punto que el simple desplazamiento del domicilio social de una gran empresa afectaría directamente al resultado del sistema de medición comparativa, aunque los residentes no se modifiquen y sigan precisando satisfacer las mismas necesidades básicas.
Dada la dificultad en la asignación empírica de ingresos y gastos, donde debería hacerse hincapié es en la garantía de atención a los servicios esenciales, aunque no sea posible aplicar rigurosamente una ratio homogénea por habitante, ya que la dispersión social, la estacionalidad demográfica, la concentración de servicios impropios, la orografía o la pirámide poblacional deben ser tenidas en cuenta. A partir de aquí la corresponsabilidad fiscal o la necesidad de compensar discriminaciones y retrasos históricos deberían atenderse, pero con criterios de conjunto y en busca de una mayor cohesión, como se promueve en la Unión Europea. Si la administración local es vocacionalmente egoísta, tratando de arrimar el ascua a su sardina, sólo una formación política coherente y con sentido de estado puede evitar la centrifugación del espacio común y no parece que lo vaya a ser un partido socialista que, en el afán de oponerse incluso a sus propios ideales, está amparando que reciba más quien más tenga, abundando en su bienestar frente a los menos pudientes y dando respaldo a que los ricos vayan por autopista y se reserven las carreteras para los pobres.
Aunque sea como predicar en el desierto, todos los poderes públicos deberían procurar la equidad y el equilibrio, porque sólo la cooperación interregional permitirá que nuestra economía aproveche su potencialidad, sin la devaluación competitiva a la que nos aboca nuestra enorme dependencia externa.
Sin renunciar a la búsqueda de fórmulas de financiación que eviten los agravios entre iguales, no es tiempo de oportunismos que promuevan mayores disfunciones en un sistema imperfecto, en el que no se fomenta la solidaridad. En tiempos de incertidumbre y desafección ciudadana es imprescindible tener presente que con armonía y esfuerzo compartido saldremos antes de la crisis, aunque sea una luz que no se llegue a ver con la miopía nacionalista.
