Hace unos días el Consejo de Europa dio a conocer un informe en el que consideraba contrarias a sus principios las medidas de restricción de acceso a los servicios públicos para determinados colectivos, que están tomando algunos países europeos con la justificación de la necesidad de recortar gastos debido a la disminución de recursos provocada por la crisis económica. Uno de los países implicados es España, por el decreto ley de 2012 en el se excluye de la asistencia sanitaria a los ciudadanos extracomunitarios mayores de 18 años en situación irregular, con excepción de la asistencia al embarazo y al parto y de urgencia. El Consejo recuerda que todos los países miembros están comprometidos con la Convención Europea de los Derechos Humanos y que no se debería tomar decisiones que implican las suspensión de derechos sin una investigación y análisis que determine con precisión el impacto de las mismas sobre los colectivos afectados, además de consultas con los colectivos profesionales involucrados. Como es bien sabido, la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios y de las organizaciones y entidades que trabajan con inmigrantes manifestamos nuestra opinión contraria a la medida y se expusieron profusamente las razones sanitarias, humanitarias y económicas que desaconsejaban su implementación. Incluso algunos gobiernos autonómicos comunicaron que no aplicarían la medida. Pese a la crítica generalizada, el gobierno central siguió adelante con la misma. El informe del Consejo de Europa supone otro varapalo moral para el gobierno español procedente de una instancia internacional, que no parece que vaya a alterar la actitud refractaria de nuestros dirigentes a toda crítica o recomendación contraria a sus decisiones. No es la única noticia negativa de instancias internacionales que le ha llegado al equipo de Rajoy en estas fechas. El Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no recurrencia, Pablo de Greiff, tras una visita de diez días a España, ha emitido un informe preliminar con críticas muy severas a las autoridades españolas por la no investigación ni enjuiciamiento de los crímenes del franquismo y la denegación a las víctimas de acceso a una justicia efectiva. Una de sus recomendaciones es la derogación de la ley de Amnistía de 1977 y facilitar a las víctimas la posibilidad de presentar demandas ante los juzgados y que los jueces puedan investigar. Considera especialmente sorprendente lo poco que el estado español ha hecho en favor de los derechos de las víctimas, critica con dureza algunas actuaciones de la Fiscalía del Estado y de la Audiencia Nacional, como la de la oposición de la extradición de algunos presuntos torturadores de la policía franquista a Argentina. También critica la proposición de ley sobre justicia universal que prepara el PP, que limitaría severamente la capacidad de los tribunales españoles de aplicar este principio. Por otro lado, el eurobarómetro sobre corrupción recoge que más del 90 % de la población española consideramos que existe un grave problema de corrupción en la administración pública española y ocupamos uno de los primeros puestos europeos en este triste ranking. La Comisión Europea ha pedido a España que refuerce las medidas de lucha y las sanciones contra la corrupción, especialmente respecto de la financiación de los partidos políticos. Si a todo esto añadimos las disposiciones que limitan el derecho de manifestación, la denominada ley antiescraches, con sus multas disparatadas, la nueva ley del aborto, las tasas judiciales, que suponen en la práctica la imposibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva para muchos ciudadanos, la reforma laboral que limita los derechos de los trabajadores, la ley de educación que atenta contra las competencias autonómicas, los copagos de medicamentos, especialmente lesivos para los pensionistas y los de la medicación ambulatoria suministrada en hospitales, que suele muy cara y destinada a enfermedades crónicas graves, la eliminación de la revalorización automática de las pensiones con el IPC, y tantas otras medidas que sería demasiado prolijo enumerar, parece que el gobierno de Rajoy nos quiere meter en un túnel del tiempo y llevarnos de vuelta a los años 50. Vamos hacia atrás y no como los cangrejos, que caminan de lado, sino hacia el pasado, hacia el tiempo del nacional-catolicismo. De hecho, tenemos ministros que invocan a Santa Teresa y a la Virgen del Rocío e incluso el gobierno condecoró a la Virgen del Pilar. Ante este panorama, la muerte hace unos días de Pete Seeger, que nunca dejó de pensar que la lucha no había terminado, nos evoca que quizás, ya que nos llevan hacia atrás, habrá que volver a los tiempos de las protestas masivas y permanentes y los cantautores volverán a tener un papel relevante como catalizadores del sentimiento popular. Los ejemplos de la marea blanca sanitaria de Madrid, que ha conseguido evitar el cierre del hospital de la Princesa y la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos y de la lucha permanente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra los deshaucios pueden ser indicativos de los tiempos que vienen. La marea violeta contra la ley del aborto del ministro Ruiz Gallardón puede ser el próximo episodio.
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