En Baleares, la guerra cada vez se siente más cerca pese a su lejanía. No hay sirenas ni misiles, pero sí facturas que suben, carburantes que aprietan y empresarios que revisan números con gesto serio. El archipiélago vuelve a confirmar su vulnerabilidad estructural. La dependencia del exterior, una vez más, hace tambalear los cimientos económicos de las islas.
Los primeros síntomas ya están sobre la mesa. El combustible ha iniciado la escalada, algunos alimentos empiezan a encarecerse y el efecto arrastre amenaza con extenderse a toda la economía. En un territorio donde todo llega por barco o avión, cualquier tensión internacional se traduce rápidamente en costes.
El Govern reconoce el escenario de incertidumbre y mantiene abiertas conversaciones con los principales sectores económicos para calibrar el impacto. El vicepresidente Antoni Costa insiste en que la situación es difícil de prever y que las decisiones dependerán de la evolución del conflicto. De momento, el Ejecutivo ha optado por escuchar y coordinar posibles respuestas con los agentes sociales, aunque ya avanza que aprobará un paquete de medidas “contundente” antes de Semana Santa para amortiguar el golpe.
LOS TRANSPORTISTAS AMENAZAN CON PARAR
Pero mientras se analiza, el mercado no espera. El precio del petróleo, con subidas cercanas al 40 por ciento respecto a niveles previos, empieza a filtrarse en toda la cadena económica. Y en Baleares, donde el transporte es la columna vertebral, el golpe puede ser inmediato.
Los transportistas han sido los primeros en advertirlo con crudeza. “O lo arreglamos o nos paramos”, resume Ezequiel Horrach. El combustible ha pasado de representar un tercio de los costes a rozar la mitad, una presión difícil de sostener para muchas empresas. Más que una amenaza, es una línea roja que condiciona el inicio de la temporada turística.
Ahora, el conflicto ha escalado también en el plano político. Las asociaciones de transportistas integradas en PIMEM califican de “decepcionantes y perjudiciales” las medidas aprobadas por el Gobierno y denuncian un reparto “injusto” de las ayudas. Según el sector, mientras los vehículos particulares verán prácticamente compensado el impacto de la subida, los profesionales apenas cubrirán menos del 50 por ciento del sobrecoste real.
A ello se suma un elemento que agrava la situación, el nuevo decreto dificulta trasladar a los clientes el incremento del precio del combustible. La fórmula de revisión aprobada en 2022 tras la guerra de Ucrania queda, en la práctica, desactivada. El resultado, denuncian, es una “situación de indefensión” que obliga a asumir pérdidas en un momento crítico.
Con un sobrecoste estimado de 250 millones de euros en apenas tres semanas, el sector no descarta movilizaciones a nivel nacional si no hay cambios antes de que finalice marzo. Un escenario que, de materializarse, pondría en riesgo la cadena de suministro en plena antesala de la temporada alta.
LAS PATRONALES CAUTELOSAS Y PREOCUPADAS
El tejido empresarial comparte el diagnóstico. Desde la misma asociación de PIMEM rechazan frontalmente la posibilidad de limitar los márgenes empresariales. Su presidente, Jordi Mora, lo considera “inaceptable” en un contexto ya tensionado por la guerra y advierte de que intervenir en los beneficios puede agravar aún más la situación de las empresas.
En paralelo, organizaciones de consumidores como Facua enfrían el optimismo. Calculan que la rebaja fiscal supondrá una bajada media de unos 17 céntimos por litro, insuficiente frente a subidas que en apenas semanas han superado los 40 céntimos. Sin topes a los márgenes, alertan, el efecto real en el bolsillo será limitado.
En la CAEB, su vicepresidente José Antonio Roselló describe el momento con una mezcla de cautela y preocupación. “No pisamos tierra firme”. La evolución del conflicto marcará el alcance del impacto, aunque por ahora la economía balear mantiene cierta fortaleza. Aun así, las empresas ya revisan planes de negocio y contemplan medidas de ahorro ante un escenario cambiante.
"LA INESTABILIDAD PUEDE TENER UN DOBLE EFECTO"
El economista Pep Ignasi Aguiló introduce un matiz que rompe el relato más pesimista. "La inestabilidad internacional puede tener un doble efecto". Por un lado, encarece la energía y presiona los precios. Por otro, refuerza la posición de Baleares como destino seguro. “Podría atraer visitantes que actualmente eligen otras zonas más inestables”, apunta.
Sin embargo, "el riesgo inflacionista vuelve a escena". Los sindicatos advierten de que "una nueva subida de precios puede golpear directamente a los trabajadores". Si los salarios no acompañan, el resultado será "una nueva pérdida de poder adquisitivo en hogares que todavía no se han recuperado del último ciclo inflacionista".
Mientras tanto, el Gobierno central trata de contener el impacto con un paquete de más de 80 medidas que incluye rebajas fiscales en la energía, congelación del precio del butano, protección a consumidores vulnerables y ayudas a la industria. Sobre el papel, un escudo económico. En la práctica, para muchos sectores, todavía insuficiente.
