El pulso entre el Gobierno y Airbnb suma un nuevo capítulo, y esta vez no juega a favor de la plataforma. El TSJM ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la compañía para evitar, al menos de momento, el pago de la multa de 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030a finales de 2025.
La decisión no entra en el fondo del asunto, pero impide a Airbnb frenar la sanción a falta de la resolución final del litigio. Es decir, el golpe económico sigue sobre la mesa.
Detrás de esta cifra millonaria hay un expediente con números igual de rotundos. Consumo detectó, en su momento, irregularidades en 65.122 anuncios de alojamientos turísticos publicados en la plataforma, retirados en julio del año pasado. Entre las infracciones el ministerio señala prácticas comerciales desleales, como anunciar viviendas sin licencia o con números de registro falsos o inexistentes, algo que choca de frente con la normativa de la mayoría de comunidades autónomas.
Además, el expediente apunta a publicidad engañosa —por no aclarar correctamente si el anfitrión era un particular o una empresa— y a la omisión de información clave en contratos a distancia. Además la Administración parece estar especialmente molesta por la falta de colaboración durante la investigación, con requerimientos de información que, según Consumo, no fueron atendidos.
La consecuencia tras todo este proceso es una sanción de 63,9 millones de euros —calculada como seis veces el beneficio considerado ilícito— más otras tres multas menores que elevan el total a algo más de 64 millones.
Airbnb llevó el caso a los tribunales y logró suspender temporalmente el pago. Pero ahora el TSJM ha cerrado la puerta a esa pausa cautelar. La compañía aún puede presentar un recurso de reposición.
BUSTINDUY ELEVA EL TONO CONTRA AIRBNB
Desde el Ministerio, el titular del ramo, Pablo Bustinduy, no ha dejado pasar la ocasión para elevar el tono. “Ninguna empresa poderosa está por encima de la ley”, ha afirmado, enmarcando el conflicto dentro de una batalla más amplia contra lo que considera un modelo que agrava la crisis de vivienda. El ministro ha ido más allá al señalar directamente a “grandes operadores que se están forrando” mientras las familias asumen el coste del acceso a la vivienda.
El Gobierno insiste en que los pisos turísticos ilegales no son solo una irregularidad administrativa, sino una “afrenta” al derecho constitucional a la vivienda.
AIRBNB SE DEFIENDE Y ASEGURA “HABER CUMPLIDO”
En el otro lado, Airbnb se defiende y enfría el alcance de la decisión judicial. La plataforma sostiene que el auto es “puramente procedimental” y que no prejuzga el fondo del caso. Además, asegura haber cumplido con la normativa española y europea y afirma que, desde la entrada en vigor de la regulación de alquileres de corta duración en julio de 2025, “hemos colaborado con las autoridades”.
