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La acusada de estafar a un matrimonio con la venta de una finca en Llucmajor apunta a la inmobiliaria
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La acusada de estafar a un matrimonio con la venta de una finca en Llucmajor apunta a la inmobiliaria

martes 04 de junio de 2019, 12:23h
La mujer acusada de estafar a un matrimonio con la venta de su finca en Llucmajor, que contenía una edificación ilegal, ha asegurado este martes durante el juicio en Palma que dejó todo en manos de su agente inmobiliaria, que también está acusada en esta causa

Durante su declaración en el juicio por estos hechos en la Audiencia, la mujer ha explicado que era propietaria de un terreno en Llucmajor y que quiso venderlo cuando falleció su marido, porque su situación económica era delicada y tenía que pagar unas deudas con la Seguridad Social. Además, no tenía interés en estar "sola" en una finca "en medio del campo".

Los acusados son la antigua propietaria de la finca, su abogado y la gestora inmobiliaria que medió en la venta. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años de cárcel por presuntamente estafar a un matrimonio al que vendieron una finca con una edificación ilegal, para lo que habrían utilizado documentos falsificados para darle apariencia de legalidad.

La antigua propietaria, una mujer de avanzada edad, ha señalado que no conocía a la gestora inmobiliaria de antes y que se puso en contacto con ella a través de otra persona con el objetivo de vender la finca. Se la mostró y le dijo que quería venderla por 150.000 euros. "Lo que ella puso para ello no me importaba", ha apuntado.

La mujer ha mantenido que al principio no sabía que la vivienda era ilegal y que se enteró a través de la agente inmobiliaria cuando quiso venderla. "Había dejado que mi marido tramitara todo", ha explicado.

Por esto, le indicó a la agente que diera "todos los pasos que hubiera que hacer", ya que la gestora le dijo que conocía gente en el Ayuntamiento y que podrían legalizarla. En este sentido, la expropietaria de la casa ha defendido que no le dio "ningún tipo de instrucción" ilegal para conseguir la legalización de la finca, sino que simplemente lo dejó "en manos de ella". "Yo tenía una tienda y tenía que atenderla, no podía ir y venir", ha argumentado.

En el trámite de cuestiones previas, la representación del matrimonio perjudicado ha retirado la acusación contra la antigua propietaria y su abogado, y la ha mantenido contra la agente inmobiliaria.

Por su parte, una de las defensas ha pedido apreciar la atenuante de dilaciones indebidas puesto que los hechos se remontan a 2013 y la instrucción se ha prolongado varios años.

NO ES POSIBLE LEGALIZAR LA EDIFICACIÓN

La Fiscalía también pide una multa de 6.480 euros y que indemnicen a las víctimas. Además, la fiscal solicita inhabilitar al abogado y la gestora inmobiliaria para el ejercicio de sus respectivas profesiones durante cuatro años.

La venta tuvo lugar en agosto de 2013 por un precio de 142.000 euros. La finca rústica, en el término municipal de Llucmajor, contiene una edificación de 83 metros cuadrados destinada a vivienda, pero se encuentra fuera de la ordenación urbanística. No es posible legalizarla, porque la única licencia era para casita de aperos y estaba abocada a la demolición.

La Fiscalía acusa a la propietaria y la agente inmobiliaria de haber urdido un plan para conseguir una legalización ficticia con el objetivo de vender la finca. Para ello, sostiene el Ministerio Público, presuntamente elaboraron un certificado municipal falso y una cédula de habitabilidad "completamente irreal", plasmando datos inventados, y llevaron los documentos a una notaría.

El matrimonio que compró la finca lo hizo "en la absoluta creencia de que se encontraba dentro de cobertura urbanística legal". La gestora inmobiliaria que participó en esta operación recibió 5.000 euros de la coacusada y otros 2.500 de las víctimas.

El fiscal acusa también al abogado de la propietaria de la finca, por haberle incitado a realizar todas las gestiones necesarias para proceder a la venta del inmueble pese a conocer las actuaciones falsas. La Fiscalía señala que el letrado colaboró en la venta examinando los documentos ficticios creados, aportándolos a la notaría y redactando el borrador del contrato en base a los documentos falsos.

Los perjudicados compraron la finca con el objetivo de convertirla en su vivienda habitual y de hecho en la actualidad residen allí. Sin embargo, no pueden suscribir contratos de suministro eléctrico ni agua por encontrarse la edificación ilegalizada. El matrimonio suscribió un préstamo hipotecario con un banco para poder comprar la casa, lo que les coloca en una situación financiera precaria, según la fiscal.

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