Hay 200.000 personas en Baleares esperando que alguien resuelva un problema que afecta a sus vidas. No es una metáfora ni una cifra redonda de conveniencia. Es el dato que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha situado encima de la mesa al presentar la memoria judicial del 2025. Doscientas mil personas. Más que los que esperan en las listas de espera sanitarias. Una cifra que, sola, debería bastar para que el Ministerio de Justicia dejara de hablar de eficiencia y empezara a ejercerla.
Pero el Ministerio tiene otras prioridades. Tiene reformas que presentar, leyes que bautizar con nombres grandilocuentes y ruedas de prensa en las que Félix Bolaños puede lucir el traje de modernizador. Lo que no tiene —o no quiere tener— es presupuesto, planificación ni la humildad mínima de escuchar a quienes trabajan cada día dentro del sistema que dice querer transformar.
La Ley de Eficiencia nació como solución y ha funcionado como acelerador del problema. Antes de que entrara en vigor, los abogados de Baleares presentaron en apenas tres meses casi 18.000 demandas en los juzgados civiles de Palma. Mil demandas en un solo día. El pánico ante lo desconocido —ante una norma mal explicada, mal ejecutada y mal comunicada, en palabras de la propia vicedecana del Colegio de Abogados— hizo el resto. El resultado fue el que cualquiera con un mínimo de conocimiento del sistema podría haber anticipado: colapso. No el que ya existía, sino uno nuevo, superpuesto al anterior, más profundo y más difícil de revertir.
Jueces, fiscales, abogados y funcionarios avisaron, pero en el Ministerio no quisieron escuchar
Los operadores jurídicos lo dijeron antes de que ocurriera. Lo dijeron alto y con nombres y apellidos. Jueces, fiscales, abogados y funcionarios alertaron de que una reforma de esta envergadura, aplicada sobre una estructura ya al límite, sin dotar de medios personales ni económicos, no podía acabar bien. Nadie en el Ministerio quiso escuchar. O peor: escucharon y decidieron seguir adelante de todas formas, porque los calendarios políticos no esperan a que los juzgados estén preparados.
El caso de Baleares es especialmente sangrante. No porque la situación sea distinta a la de otras comunidades, sino porque el agravante de la insularidad lo hace todo más caro, más difícil y más urgente. Atraer funcionarios a las islas cuesta más. Retenerlos cuesta más. El coste de vida, como saben bien quienes viven aquí, está disparado. Baleares lleva años siendo la comunidad con más dificultades para mantener plantillas estables en sus juzgados. Interinos que se marchan, jueces que rotan, personal que no llega. Y en ese escenario, el Ministerio aterrizó con su reforma sin un euro adicional, sin plazas nuevas adicionales y sin un plan de contingencia. Solo papel. Muy bien impreso, eso sí.
Sorprende, aunque a estas alturas ya no debería, que los únicos órganos que parecen no ver el desastre sean precisamente los que dependen de la voluntad política del Gobierno. Mientras los trabajadores denuncian caos, mientras los funcionarios describen juzgados llenos de cajas y ordenadores retirados en mitad de la atención al público, mientras los abogados hablan de la peor situación que han vivido, los organismos de gobierno de la judicatura que miran hacia Madrid guardan un silencio cómodo que no les honra. No exponen la problemática que atraviesan sus propios trabajadores. No trasladan con la contundencia necesaria lo que ocurre en los pasillos de Sa Gerreria o en el juzgado decano de Palma. Prefieren el lenguaje de la oportunidad y la modernización. El lenguaje, en definitiva, del que no quiere problemas con quien le nombra.
El papel sin dinero no reforma nada. Las leyes sin recursos no desatascan juzgados. Y las promesas sin presupuesto son exactamente lo que parecen: promesas. Si el Ministerio quiere medallas, que se las fabrique antes de empezar, porque a la vista de los resultados, nadie va a dárselas después. Que escuche al sector antes de legislar. Que actúe según las necesidades reales del sistema, no según los tiempos de una agenda que mezcla interés político con reforma judicial como si fueran la misma cosa. Porque no lo son. Y confundirlos tiene consecuencias: 200.000 personas en Baleares lo están padeciendo ahora mismo.
La basura no desaparece porque se esconda debajo de una alfombra. El olor persiste. Y en este caso, el olor a justicia abandonada lleva demasiado tiempo impregnando los pasillos de unos juzgados que merecen más que titulares y menos que reformas vacías. Dejar de legislar para la foto y empezar a gobernar para los ciudadanos sería un buen comienzo. Aunque, a estas alturas, ya es difícil saber si alguien en el Ministerio recuerda cuál era el objetivo inicial.
