La crisis de acceso a la vivienda en Baleares ha alcanzado niveles alarmantes. Los precios desorbitados, la escasez de oferta y la inseguridad jurídica están expulsando del mercado inmobiliario a residentes y trabajadores de servicios esenciales.
Frente a esta realidad, la Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB ha reclamado despolitizar el debate sobre la vivienda y establecer un pacto político que trascienda legislaturas y colores partidistas.
En los últimos años, Baleares ha vivido 14 modificaciones legislativas en materia urbanística, generando un entorno de incertidumbre que disuade la inversión y ralentiza la construcción de nuevas viviendas. Actualmente, se edifican unas 3.000 viviendas al año, cuando la demanda exige al menos 7.000 para equilibrar el mercado. Esta insuficiencia ha provocado un aumento en el precio de la vivienda nueva, la mayor subida del país.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) también se pronunció en el mismo sentido en julio de hace un año, cuando planteó la necesidad de un consenso político duradero. Y es que sin una apuesta decidida por la vivienda a precio asequible y sin acuerdos que eviten cambios bruscos en la normativa con cada nuevo gobierno, el problema persistirá durante décadas.
Sin una apuesta decidida por la vivienda a precio asequible y sin acuerdos que eviten cambios bruscos en la normativa con cada nuevo gobierno, el problema persistirá
La solución no reside en medidas aisladas ni en debates polarizados, sino en un compromiso conjunto que incluya la agilización de trámites administrativos para reducir los tiempos de espera en la concesión de licencias, que actualmente pueden superar los 16 meses; la promoción de vivienda pública y asequible, mediante la colaboración público-privada y la cesión de suelo en régimen de derecho de superficie.
También la adaptación de la normativa urbanística para permitir un crecimiento sostenible en altura y densidad, optimizando el uso del suelo disponible. E incentivar el alquiler de viviendas vacías, garantizando seguridad jurídica tanto para arrendadores como para arrendatarios.
Es hora de que las fuerzas políticas de Baleares prioricen el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses partidistas. La vivienda es un derecho fundamental y su acceso no puede depender de vaivenes políticos. Un pacto de Estado por la vivienda es no solo necesario, sino urgente.
