El Ministerio de Defensa ha acabado dando marcha atrás y ha renunciado a construir un polvorín —un depósito de explosivos y misiles— en la Base Aérea de Son Sant Joan, tras la oleada de críticas que levantó el proyecto entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía.
La noticia, publicada en el BOE sin previo aviso a las autoridades autonómicas ni locales y conocida por la prensa antes que por las administraciones responsables, ha dejado al descubierto un grave error estratégico de falta de respeto institucional y una muy mejorable comunicación pública.
Que un asunto de esta envergadura —con implicaciones para la convivencia urbana, la percepción de seguridad y la estrategia de defensa— se base en hechos consumados y sin diálogo previo, es inaceptable. La transparencia no es un añadido deseable en una democracia; es una obligación que evita desconfianzas, interpreta inquietudes legítimas y da coherencia a las decisiones del Estado. La gestión de Defensa en este caso ha sido torpe, distante y poco receptiva a la interlocución institucional.
La gestión de Defensa en este caso ha sido torpe, distante y poco receptiva a la interlocución institucional
El debate que ha generado la idea de un depósito de armamento en pleno aeropuerto de Palma ha evidenciado que las decisiones que pueden afectar directamente a la percepción de seguridad, deben explicarse, debatirse y coordinarse con anticipación.
La rectificación del Ministerio de Defensa es positiva, pero no es voluntaria sino derivada de la presión pública. La administración central debe asumir que la confianza no se restituye con anuncios de última hora: exige rendición de cuentas claras, canales de información fluidos y una gestión que ponga en el centro a la sociedad que —con razón— exige saber, participar y ser respetada.
