La vivienda se ha convertido en uno de los temas más complejos y urgentes en la agenda política de Palma de Mallorca. Frente al aumento de los precios, la escasez de oferta pública o el fenómeno de la ocupación ilegal, el actual equipo de gobierno municipal, mantiene una hoja de ruta que combina reformas normativas, nuevas infraestructuras habitacionales y medidas administrativas para reforzar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna y asequible.
Entre los ejes principales de esta política destacan la adaptación del nuevo Decreto Autonómico de Vivienda a la normativa urbanística local, la puesta en marcha de la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación, el desarrollo del Plan de Choque de Vivienda, el proyecto de transformación urbanística de Son Busquets y la eliminación de la cita previa en el área de Urbanismo. A continuación, se detallan estas iniciativas clave.
Nueva normativa
Una de las primeras decisiones estratégicas del actual equipo de gobierno ha sido la adaptación del Decreto 3/2024 del Govern de les Illes Balears, una normativa que busca flexibilizar los usos del suelo y fomentar la reconversión de espacios en desuso en vivienda asequible. Esta iniciativa, aprobada en el pleno municipal de abril de 2025, se presenta como una de las herramientas normativas más ambiciosas para aumentar la oferta residencial sin recurrir necesariamente a nuevas recalificaciones.
Con esta adaptación, Palma permitirá la transformación de locales comerciales en viviendas, así como la subdivisión de viviendas unifamiliares y plurifamiliares en unidades habitacionales más pequeñas. Esta flexibilización urbanística afecta tanto al suelo urbano consolidado como al no consolidado, y tiene como objetivo principal dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en una ciudad donde la disponibilidad de suelo edificable es limitada.
Otro aspecto clave es el cambio de uso de parcelas calificadas como equipamientos públicos o privados, que podrán destinarse a vivienda pública en régimen de alquiler con precios limitados. La medida prioriza actuaciones en zonas con carencia de vivienda social o afectadas por procesos de gentrificación.
Desde Cort se defiende esta reforma como una manera de “movilizar espacios infrautilizados” y “responder con agilidad a las necesidades de vivienda de sectores vulnerables”, según palabras del teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo.
Oficina integral de la vivienda y antiocupación
Uno de los proyectos más simbólicos en materia de protección social y gestión habitacional es la creación de la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación, que fusiona y amplía las funciones que hasta ahora ejercía la Oficina Antidesahucios.
Esta nueva estructura, que ya está en funcionamiento, concentra en un único espacio físico y operativo todos los servicios relacionados con el acceso a la vivienda pública, el asesoramiento frente a desahucios, la lucha contra la ocupación ilegal, así como información sobre ayudas a la rehabilitación y alquiler de larga duración o turístico. También se ofrece asistencia en materia de beneficios fiscales para propietarios que pongan viviendas en el mercado de alquiler social.
Uno de los pilares de esta oficina es la coordinación institucional. En ella trabajan técnicos del Ayuntamiento de Palma, del IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda), del Consell de Mallorca y representantes del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, generando un modelo de atención integral que permite a los ciudadanos resolver cuestiones jurídicas, administrativas y sociales en un solo punto.
Además, la oficina dispone de un equipo móvil especializado en ocupación ilegal, que puede intervenir en situaciones urgentes, ofreciendo mediación y canalizando las actuaciones necesarias para proteger tanto a propietarios como a personas vulnerables que viven en situaciones irregulares.
Plan de choque
Uno de los pilares de la estrategia municipal es el denominado Plan de Choque de Vivienda, que tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler asequible.
La primera fase de este plan prevé la construcción de 246 viviendas municipales distribuidas en seis solares de titularidad pública ubicados en diferentes barrios de la ciudad. El proyecto, en fase de licitación, ha despertado el interés de al menos dos empresas constructoras, lo que ha permitido avanzar hacia la adjudicación y el inicio de las obras.
Las viviendas tendrán superficies que oscilan entre los 45 y 70 metros cuadrados, con un diseño funcional, sostenible y adaptado a las necesidades actuales. El precio de alquiler se situará entre los 600 y los 1.000 euros mensuales, lo que representa una reducción de hasta el 30% respecto al precio de mercado en Palma, una de las ciudades más tensionadas en términos de vivienda.
El acceso a estas viviendas estará regulado mediante criterios de prioridad: jóvenes, mayores de 65 años, familias monoparentales y personas empadronadas en Palma durante al menos cinco años o en otros municipios de las islas durante siete años.
Además, el plan contempla una segunda fase que podría ampliar la cifra de viviendas hasta más de 400 antes del final de la legislatura, según fuentes municipales. Se trata de una apuesta por combinar inversión pública directa con fórmulas de colaboración público-privada para dinamizar el mercado del alquiler asequible.
Son Busquets, el desafío de la vivienda social
La transformación urbanística de Son Busquets constituye otro de los proyectos estructurales del gobierno municipal. El objetivo es convertir esta antigua instalación militar, situada en una zona estratégica de Palma, en un nuevo barrio dotado de equipamientos, zonas verdes y una importante bolsa de viviendas públicas.
El Ayuntamiento ha presentado recientemente el avance del proyecto, que se encuentra en fase de planificación urbanística. La principal novedad es el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa, propietario del suelo, para activar la cesión y puesta en marcha de las actuaciones.
Según los primeros estudios, el desarrollo de Son Busquets permitiría la creación de más de 800 viviendas, de las cuales una parte significativa —al menos el 60%— se destinaría a alquiler social o con precios limitados. Además, se contempla la reserva de espacio para equipamientos educativos, deportivos y zonas verdes, en un modelo que busca evitar la segregación residencial y favorecer la convivencia.
El Consistorio ha defendido el proyecto como “una oportunidad histórica” para generar vivienda social en una ciudad donde el precio medio de la vivienda ha aumentado más de un 30% en la última década. La concejalía de Urbanismo ha llevado el proyecto a Madrid como ejemplo de frente común entre administraciones, con el fin de agilizar la tramitación y desbloquear los recursos necesarios.
Sin cita previa
Más allá de las grandes cifras y los anuncios, el Ayuntamiento de Palma ha impulsado una reforma que afecta directamente al funcionamiento interno de la administración y a la experiencia de los ciudadanos ante los servicios municipales.
Desde el pasado 15 de enero de 2025, el área de Urbanismo ha eliminado el requisito de cita previa para acceder a la atención presencial, una medida que se acompaña de una ventanilla preferente para personas mayores de 65 años. Esta decisión responde a las quejas de usuarios y profesionales del sector, que venían denunciando retrasos y dificultades para acceder a la información y los servicios necesarios para tramitar licencias, proyectos o regularizaciones urbanísticas.
Según el área dirigida por Óscar Fidalgo, la eliminación de la cita previa ha reducido los tiempos de espera y ha mejorado la calidad de la atención. El nuevo modelo permite que cualquier ciudadano se presente directamente en las oficinas municipales y sea atendido por orden de llegada, sin depender de disponibilidad en la agenda electrónica.
Además, el Ayuntamiento ha reforzado el equipo de atención al público y ha habilitado nuevos canales telemáticos para facilitar la presentación de documentos y solicitudes. Esta reforma interna, aunque de bajo perfil mediático, se considera fundamental para acelerar los proyectos de construcción y rehabilitación en la ciudad, especialmente los promovidos por pequeños promotores, arquitectos o ciudadanos particulares.
