Con el primer día del año entró en vigor la Ley de Autónomos, una norma legal aprobada por unanimidad tanto en el Congreso como en el Senado, lo que da idea del grado de consenso social y político que suscitó, así como de la necesidad de dar un impulso y un apoyo real a los más de 13 millones de trabajadores que hay en España, de los cuales más de 86.000 están en Balears.
Las medidas que la Ley contempla, todas ellas muy positivas y largamente demandadas por este colectivo de trabajadores por cuenta propia, cuya importancia en la economía real y en la generación de puestos de trabajo es de gran importancia, muchas veces no reconocida en su justa medida, tratan de incentivar a los emprendedores para darles un mejor trato fiscal y laboral.
La ampliación de la tarifa plana de 50 euros, la posibilidad de pagar solo a partir del día en que se den de alta, e incluso poder empezar a cobrar la jubilación desde el mes siguiente a llegar a la edad de hacerlo y no tener que esperar al primer día del año siguiente, constituyen, entre otras novedades, medidas muy justas para dignificar a estos trabajadores.
Pero esta Ley no ha de servir para olvidarse de los autónomos, sino como punto de partida para seguir mejorando sus condiciones laborales. Y además, deben mejorarse los servicios de inspección y control para evitar el fraude, tanto fiscal como laboral, y en especial los falsos autónomos que han proliferado tanto en los últimos años y en determinados sectores.
