En medio de la refriega partidista y cainita a la que asistimos en nuestro país -genuinamente española, por otra parte- a cuenta de la distribución entre las diversas comunidades autónomas de los inmigrantes menores de edad que llegan a nuestras costas de forma irregular, me asalta una pregunta. ¿Por qué diantre tenemos los españoles que andar porfiando para ver quiénes y en qué proporción se hacen cargo del sostenimiento de los llamados MENA, si ésta es una cuestión que afecta a las fronteras exteriores de la Unión Europea con los países del Sur? La verdad, no parece muy defendible desde la óptica europeísta la escandalosa inhibición de la Comisión y de todos nuestros socios con los problemas que acarrea este asunto a los países de la ribera mediterránea. Cuando ocurre al contrario, toda Europa se moviliza para paliar cualquier mal potencial que afecte a los intereses de las sociedades y economías del Norte. Von der Leyen, si es preciso, se despoja en un tris de su ropa interior para pactar con quien sea lo que sea con tal de blindar los designios de los lobbies corporativos a los que (¿exclusivamente?) sirve su presidencia.
En cambio, cuando se trata del Sur, y más si se refiere al enojoso gatuperio de la inmigración irregular, entonces éste es un problema nacional sometido, en nuestro caso, a las disputas políticas y a la miserable utilización que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez de esta cuestión. Por cierto, una vez más se constata que en Balears sobra el Delegado del Gobierno, pues no nos sirve absolutamente para nada.
Lo razonable sería, en cambio, que la Unión Europea asumiera las riendas de la gestión de la inmigración irregular en sus fronteras exteriores. Obviamente, no llega ninguna patera a Hamburgo, a Le Havre, a Amberes, ni a Rotterdam, aunque tampoco a Barcelona o a Lisboa. Los efectos inmediatos de la inmigración irregular argelina y subsahariana los padecemos quienes más cerca estamos de la costa norteafricana, singularmente, Canarias y Balears y, en otras épocas -cuando las lanchas partían de Marruecos- Andalucía. Tampoco es ajeno a este fenómeno el hecho de que España sea un auténtico coladero y carezca de política fronteriza.
Pero la inmensa mayoría de estos inmigrantes provienen de un ámbito cultural francófono y de países que aún forman parte del círculo de intereses económicos y empresariales de Francia y Bélgica -ex metrópolis coloniales-, por lo que estos dos países debieran liderar activamente la gestión de un enorme problema que heredamos de su caótico y desastroso proceso de descolonización.
Sánchez usa este asunto para distraer la atención acerca de la corrupción que le asedia -con su pluriimputada cónyuge a la cabeza- y aprovecha la ocasión para sacar a pasear esos mantras que tanto gustan a la izquierda, como los del racismo, la insolidaridad, etc., naturalmente, solo aplicables a los gobiernos autonómicos del PP.
Por una vez, todas las autoridades españolas debieran hacer frente común ante sus socios europeos para que la Unión asuma ya sus obligaciones, y las ex potencias coloniales del África sus responsabilidades históricas, sociales y económicas.
