El Decreto que impide trabajar en la sanidad pública si no tienes un título de catalán es un ejemplo más de ese supremacismo que forma parte del ADN del nacionalismo. Sólo los que demuestren un determinado pedigrí lingüístico catalán (previo paso por caja) podrán trabajar, los demás no. Da igual que seas el médico o enfermero mejor preparado, si eres “de fuera” no podrás acceder. Los empleos públicos serán para los “de aquí”. Pero, ojo, los “de aquí” que hayan pasado el filtro pancatalanista, ya que, en Baleares, el decretazo deja sin trabajo a mallorquines, menorquines e ibicencos que tienen esta lengua como materna. De nada les sirve si no se examinan de catalán. Y por supuesto la lengua que habla la mayoría de la población balear, la común de los españoles, queda excluida. Y lo llaman “normalización lingüística”.
No es un decreto cualquiera, es el “Decrecat”. Que, además, se impone en unas islas con escasez de personal sanitario donde existen otros factores que disuaden a muchos profesionales como el precio de la vivienda, por ejemplo. Esta escasez es casi dramática si se trata de especialistas médicos. Por eso clama al cielo escuchar al director general del servicio de salud de Baleares (IBSALUT), Juli Fuster, celebrarlo con un "gana la ciudadanía" porque según él ahora podrá ser atendida en cualquiera de las dos lenguas. Cuando el problema es que la ciudadanía no podrá ser atendida en ninguna de las dos por la falta de médicos y enfermeros. Una ciudadanía que, por otra parte, nunca ha tenido problema alguno para entenderse con sus profesionales sanitarios. Sólo recordar que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año tan sólo 5 han sido por el catalán.
Nuestros dirigentes autonómicos no se esfuerzan en solucionar los problemas de esa ciudadanía que según Fuster gana, pero que, en realidad, desde que se transfirió la competencia de sanidad a la Comunidad Autónoma, no deja de perder por una gestión deficiente. Al contrario, su obsesión enfermiza con la imposición del catalán les lleva a aprobar un decreto que, según los datos que ha proporcionado Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, excluye a 340 médicos interinos, a más de 3.500 profesionales de enfermería y a más de mil auxiliares. Qué frustrante debe ser para un médico o enfermero asistir a este tipo de medidas políticas que nada tienen que ver con la sanidad.
Algo positivo ha generado este disparatado “decrecat”: La movilización ciudadana. Los menorquines hartos de imposiciones, amantes de la libertad, se han organizado entorno a una Plataforma Civil Ciudadana que llama a manifestarse con normalidad lingüística, no “normalizada”, en menorquín, español e inglés: “Mos movem. En marcha, Let’s go”: El próximo domingo 17 a las 11:30h en la Plaza Explanada de Mahón, bajo el lema “Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”. Ahí hay que estar.
