Las diputaciones, los cabildos y los Consells Insulars firmaron el 70 por ciento de los contratos de compra y todos los contratos de alquiler de inmuebles sin negociar el valor de la tasación o el del arrendamiento, lo que hubiera sido conveniente para "conseguir un mejor precio, como requiere el principio de economía" que debe regir la actuación del sector público. Así lo explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario de las 38 diputaciones provinciales, los siete cabildos y tres Consells Insulars (Mallorca, Menorca e Ibiza salvo Formentera, auditado como ayuntamiento) en el periodo 2014-2015.
El órgano fiscalizador señala que ha encontrado inventarios desactualizados, sin rectificaciones anuales, y que en el caso de 14 entidades, los saldos contables de balance no representaban la imagen fiel de su patrimonio inmobiliario en los ejercicios fiscalizados.
También se explica en el informe que en el 50 por ciento de los expedientes de compra y de otras operaciones de altas de inmuebles "no estaba acreditada la necesidad e idoneidad del contrato exigida legalmente". Y de esos contratos, el 80 por ciento no se habían puesto en uso en el momento en que se hizo esta fiscalización.
En este punto, el Tribunal de Cuentas apunta que el 70 por ciento de los contratos de compra y todos los de alquiler de inmuebles se firmaron sin negociar el precio, lo que hubiese quizá permitido costes más bajos tanto de adquisición como de arrendamiento.
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En cuanto al análisis para conocer el destino que las entidades fiscalizadas habían dado a los bienes inmuebles de su propiedad, el resultado ha sido que el 57 por ciento de ellos los utilizaron las propias diputaciones, cabildos y consejos insulares y otro 24 por ciento fue utilizado por otras entidades públicas o sin ánimo de lucro sin contraprestación.
Además, un 7 por ciento de los inmuebles fue utilizado por terceros a cambio esta vez sí de contraprestación y el 10 por ciento estaba sin uso cuando se realizó este informe. Asimismo, el Tribunal de Cuentas destaca que doce entidades fiscalizadas disponían de un "significativo" parque de inmuebles "ocioso", lo que "denota ineficiencia en la gestión del mismo".
También se dice en el informe que el 23 por ciento de las entidades fiscalizadas no ha dado datos de lo que le cuesta mantener y conservar los inmuebles. "Se refleja que existe un desconocimiento respecto a los costes que están asociados a sus inmuebles", dice el Tribunal.
El desconocimiento sobre el uso de los edificios es especial en 11 de los casos, se agrega en este trabajo, y sobre todo en tres de ellas, que muestran "una debilidad en la gestión y el control de su patrimonio inmobiliario".
Como conclusión al trabajo, el Tribunal de Cuentas recomienda en general mantener un mayor rigor en el seguimiento y control del patrimonio, así como de los ingresos y gastos que genera.
