Casi siete años después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de España. Lejos de mejorar, la crisis habitacional se ha agravado, con precios de compra y alquiler desbocados y una oferta pública incapaz de amortiguar la presión sobre los hogares, especialmente jóvenes y rentas medias.
Contundencia y ambición caracterizan el paquete de medidas fiscales en vivienda del @gpscongreso
✅️Limitar los pisos turísticos y la compra por parte de no residentes
✅️Garantizar la permanencia del parque público
✅️Fomentar alquileres más baratos y frenar la especulación pic.twitter.com/Zs2B9G4L2j— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) May 22, 2025
En este contexto, el Gobierno ha anunciado este jueves un nuevo plan con 12 medidas que, según el propio Sánchez, representan una “transformación sin precedentes” en política de vivienda. Entre las promesas, algunas ya anunciadas muchas veces con anterioridad, destacan la creación de una empresa pública de vivienda, la transferencia de 3.300 inmuebles y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial, así como la incorporación de más de 30.000 viviendas procedentes de la SAREB.
El Ejecutivo también plantea exenciones fiscales a propietarios que alquilen bajo los nuevos índices de precios, penalizaciones fiscales a compradores extranjeros no residentes y una reforma del IVA que grava los pisos turísticos para que paguen el 21%.
Además, se anuncia un nuevo PERTE centrado en la construcción modular e industrializada, ubicado en Valencia.
Sin embargo, la batería de anuncios, muchos ya oídos antes, choca con la percepción generalizada de que las políticas adoptadas en los últimos años no han revertido la situación. El propio Sánchez ha insistido en que la Ley de Vivienda “funciona”, apelando a las comunidades para que la apliquen, en lo referido a la declaración de zonas tensionadas para intervenir el mercado del alquiler.
La retórica gubernamental, que ahora plantea convertir el derecho a la vivienda en el “quinto pilar del Estado del bienestar”, contrasta con los efectos prácticos de unas medidas reiteradamente publicitadas que, hasta el momento, no han contenido ni la escalada de precios ni la creciente desigualdad habitacional.
