"La antigua prisión de Palma no tiene ningún ocupante y ya no tendrá más”. Así de tajante se mostró este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP). Los muros del antiguo centro penitenciario han dejado de ser desde el pasado miércoles un refugio de personas sin hogar ni posibilidad de acceder a una vivienda. Pero durante años encerraron otra realidad: la incapacidad de las administraciones para dar respuesta a un problema que creció ante la mirada de todos.
El desalojo judicial ejecutado este miércoles pone fin a una situación que prolongó durante más de una década y que había convertido el recinto penitenciario abandonado en un poblado irregular en pleno corazón de la ciudad en la que llegaron a vivir de forma estable más de 200 personas.
La historia de la vieja cárcel se remonta a mediados del siglo XX. Durante décadas fue el principal centro penitenciario de Mallorca, hasta que las instalaciones quedaron obsoletas y superadas por las nuevas exigencias del sistema penitenciario. La solución llegó con la construcción del nuevo Centro Penitenciario de Mallorca, situado en la misma carretera de Sóller, aunque a las afueras de la Vía de Cintura.
La clausura oficial del antiguo establecimiento fue acordada por el Ministerio del Interior en mayo de 1999. Una orden ministerial firmada por el entonces ministro Jaime Mayor Oreja (PP) el día 20 de mayo, bajo la presidencia del Gobierno de José María Aznar, estableció la creación del nuevo centro penitenciario, denominado oficialmente "Centro Penitenciario de Mallorca" y el cierre definitivo de la vieja prisión de Palma.
La mudanza de los internos se produjo durante el verano de aquel año. Los presos fueron trasladados a las nuevas instalaciones, mucho más modernas y preparadas para las necesidades penitenciarias del momento. Con ello terminaba la vida útil de un complejo que marcó la historia de la ciudad durante décadas.
Dos décadas de abandono
Tras el traslado de los reclusos, la antigua prisión quedó vacía. Durante años permaneció sin uso definido, mientras se sucedían proyectos, propuestas y debates sobre su futuro. Se habló de equipamientos públicos, de usos universitarios y de distintas alternativas urbanísticas, pero ninguna llegó a materializarse.
El Ayuntamiento de Palma acabó incorporando la propiedad a su patrimonio en 2013 mediante una operación de permuta con el Estado. Sin embargo, la falta de una actuación decidida convirtió el recinto en un espacio cada vez más degradado.
Fue precisamente durante aquellos años cuando comenzaron las primeras okupaciones. Lo que inicialmente eran entradas esporádicas acabó transformándose en una ocupación permanente. A mediados de la pasada década el recinto ya funcionaba como asentamiento irregular para personas sin recursos, inmigrantes, trabajadores precarios y personas expulsadas del mercado de la vivienda por la escalada del precio de los alquileres.
Ocho años de pasividad política
La ocupación masiva se consolidó durante los mandatos municipales de izquierdas. Entre 2015 y 2023, primero con el socialista José Hila (2015-2017), luego con el ecosoberanista de Més per Palma, Antoni Noguera (2017-2019) y nuevamente con Hila, no se impulsó ninguna actuación efectiva para recuperar el recinto.
Mientras la situación se cronificaba, el número de ocupantes crecía año tras año. En momentos puntuales llegaron a convivir más de 400 personas, aunque según el primer censo de habitantes del recinto fueron contabilizadas 226. El último censo, en febrero de este año, contabilizó 206 personas en el interior del recinto penitenciario y otras 60 en las viviendas de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias.
Los vecinos de Cas Capiscol, El Amanecer y Son Busquets denunciaron un deterioro constante de la convivencia. Las quejas por inseguridad, suciedad y ocupaciones ilegales se hicieron recurrentes. El día 30 de enero los vecinos de Cas Capiscol llegaron a protagonizar una concentración contra la inseguridad que venían sufriendo. Sin embargo, el problema siguió enquistado.
La antigua cárcel acabó convirtiéndose en una ciudad paralela dentro de la ciudad. Los módulos penitenciarios se transformaron en improvisadas viviendas, muchas de ellas construidas con materiales de fortuna. La acumulación de basura era constante y las condiciones sanitarias empeoraban cada año.
Incendios, drogas e inseguridad
El punto de inflexión llegó cuando comenzaron a multiplicarse los incidentes graves. Los informes policiales y de los servicios de emergencias alertaron de incendios recurrentes, instalaciones eléctricas clandestinas, acumulación de residuos, dificultades de evacuación y riesgo estructural para los ocupantes. Las fuerzas de seguridad también detectaron problemas relacionados con el tráfico y consumo de drogas, robos y presencia de armas blancas.
A comienzos de 2026 la Policía Nacional desplegó un amplio operativo dentro del recinto ante el incremento de la conflictividad y las denuncias vecinales. Aquella intervención confirmó el grado de degradación alcanzado en el antiguo complejo penitenciario.
Los informes técnicos posteriores fueron aún más contundentes. Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios coincidieron en señalar un riesgo real y actual para la integridad física de las personas que seguían viviendo en la antigua prisión.
La vía judicial y el final de la okupación
Tras acceder al gobierno municipal en 2023, el equipo de Jaime Martínez inició los trámites para recuperar la posesión del inmueble. El procedimiento se aceleró este año debido a los informes de seguridad y al riesgo creciente para los ocupantes.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma autorizó el pasado mayo la entrada en el recinto y el desalojo forzoso de las cerca de 80 personas que aún permanecían en el interior. El auto judicial consideró acreditada la existencia de un peligro grave para la vida y la integridad física de los residentes.
El miércoles, un amplio dispositivo conjunto de Policía Nacional y Policía Local ejecutó el desalojo. De las más de 200 personas censadas inicialmente, apenas quedaban 67. Algunas fueron derivadas a recursos sociales como la Fundación La Sapiència y Cáritas diocesana, ambas dependientes del Obispado de Mallorca. Otras 14 acudieron a las cuatro casetas prefabricadas que Cort ha puesto a su disposición en el Parque Central de Bomberos de Son Malferit. El resto abandonó el recinto por sus propios medios.
Con ello concluye uno de los episodios urbanísticos y sociales más controvertidos de la Palma contemporánea. La vieja cárcel, cerrada en 1999, okupada durante más de una década y convertida en símbolo de la crisis de vivienda y de la inacción institucional, afronta ahora una nueva etapa.
Este mismo jueves el Ayuntamiento de Palma informó del inicio de los trabajos para tapiar y vigilar el recinto, a fin de evitar nuevas intrusiones. En las próximas jornadas está previsto tabicar todos los accesos e instalar cámaras de videovigilancia.
El futuro del inmueble será la demolición y la construcción en el solar de viviendas y un nuevo acceso a la Vía de Cintura.
