El Govern del PP ha decidido hacer frente al aumento previsto de los alquileres en 2026 con una herramienta propia de la derecha económica: incentivos fiscales, no regulación directa del mercado. En el pleno del Parlament, el conseller José Luis Mateo anunció que se prepara una deducción fiscal para que los propietarios que no suban el alquiler al finalizar contratos el próximo año sean compensados con menores impuestos. El objetivo declarado es “contener” los precios sin intervenir en la oferta ni limitar el mercado.
Este planteamiento tiene una clara lógica ideológica: la derecha confía en los estímulos a la oferta y descarta topes o prohibiciones de precios. El Govern rechaza abiertamente fórmulas coercitivas porque, argumenta, terminarían reduciendo la oferta de vivienda disponible y generando efectos secundarios negativos.
Frente a esto, la izquierda —representada por el PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— cuestiona la efectividad de pedir a los propietarios que moderen subidas que pueden alcanzar más de 4.600 euros anuales de media en Baleares según datos oficiales.
a derecha opta por unas medidas y la izquierda por otras diametralmente opuestas a la hora de garantizar el acceso al derecho a la vivienda digna
Para los socialistas y ecosoberanistas, solo incentivos fiscales y apelaciones a la buena fe no bastan cuando la presión del mercado es brutal y la especulación está desbocada. Plantean controles de precios, renovación automática de contratos con ajustes al IPC u otras herramientas de intervención directa.
La discusión es esencialmente política. La derecha opta por unas medidas y la izquierda por otras diametralmente opuestas a la hora de garantizar el acceso al derecho a la vivienda digna. Y ambas opciones son igualmente legítimas e igualmente cuestionables.
Pero por encima de todo, ninguna política pública debería confiar exclusivamente en la buena voluntad del mercado cuando millones de euros están en juego y miles de familias en riesgo de exclusión residencial.
La comunidad autónoma, gobernada por el PP, hace bien en actuar con incentivos para evitar una escalada de precios en 2026. Falta ver si será suficiente para impedir aumentos abusivos de precios.
