En un comunicado, el colectivo ha instado al Govern y a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a adoptar límites “reales y sostenibles” ante las consecuencias que, a su juicio, tiene la llegada masiva de cruceristas sobre el centro de la capital balear.
La plataforma argumenta que existe un respaldo social mayoritario a la contención turística. En este sentido, señala que el 77 por ciento de la población de Mallorca se muestra a favor de limitar el número de turistas, según la última Encuesta de Percepción de los Residentes sobre el Turismo 2024 elaborada por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.
Además, el colectivo pone el foco en el impacto económico de este segmento. Según datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), el gasto medio de un excursionista de crucero en Palma es de 35,76 euros, una cifra que consideran reducida si se compara con los costes ambientales y sociales que atribuyen a la actividad.
La entidad critica que determinadas asociaciones comerciales sigan defendiendo un incremento de escalas, priorizando —afirman— beneficios económicos a corto plazo frente a la salud pública, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los residentes, especialmente en el centro histórico de Palma.
Entre los efectos que denuncian figuran la contaminación atmosférica derivada de los grandes buques, los colapsos puntuales en zonas céntricas durante las horas de mayor afluencia y un retorno económico “limitado” en proporción a los impactos generados.
Por todo ello, la Plataforma vecinal contra los Megacruceros ha reiterado su propuesta de fijar un tope de un crucero diario mientras se desarrollan estudios de capacidad de carga que evalúen de manera detallada los efectos reales de este modelo turístico y permitan, sostienen, adoptar decisiones basadas en criterios técnicos y de sostenibilidad.
