La jueza federal Sherilyn Garnett ha dictado este miércoles la condena más severa de todo el caso: quince años de prisión para Jasveen Sangha, la mujer que suministró al actor de Friends la dosis de ketamina que terminó con su vida el 28 de octubre de 2023. La pena supera en dureza a la impuesta a cualquiera de sus cuatro coacusados, incluidos dos médicos que perdieron su licencia y siguieron ejerciendo hasta que la investigación los alcanzó.
Sangha, de 42 años y con doble ciudadanía estadounidense y británica, se había declarado culpable en septiembre de cinco cargos federales. Uno de ellos —distribución de ketamina con resultado de muerte— la situaba en una posición procesal sin equivalente en el resto de la causa. Era la única acusada que había admitido formalmente haber causado la muerte de Perry.
LO QUE SANGHA ADMITIÓ Y LO QUE LA FISCALÍA DOCUMENTÓ
Sangha admitió haber dirigido lo que los fiscales describen como un "almacén" de narcóticos ilegales desde su casa en el distrito de North Hollywood de Los Ángeles. No era una operación improvisada. Los documentos judiciales la presentan como una traficante que mantenía una elaborada red orientada a clientes de alto perfil para financiar un estilo de vida de viajes constantes.
Sangha vendió, según los fiscales, 25 viales de ketamina —incluida la dosis mortal— por 6.000 dólares en efectivo, cuatro días antes de la muerte del actor. Pero el volumen total era mayor: Sangha reconoció haber vendido 51 viales de ketamina a un intermediario, Erik Fleming, quien a su vez se los proporcionó al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa. Fue Iwamasa quien posteriormente le inyectó a Perry al menos tres dosis de la sustancia el día de su muerte.
El caso no termina en Perry. Sangha también reconoció haber vendido cuatro viales de ketamina a Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019. McLaury murió horas después por sobredosis. La fiscalía utilizó ese antecedente para argumentar algo concreto: que Sangha continuó operando después de saber que su droga mataba.
Qué significa la condena dentro del caso
La sentencia de 15 años convierte a Sangha en la acusada con la pena más alta de los cinco implicados que se declararon culpables. La distancia entre su condena y las del resto es llamativa. El doctor Salvador Plasencia, que trató brevemente a Perry antes de su muerte, se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos de distribución de ketamina y fue condenado a 30 meses de prisión en diciembre de 2025. El doctor Mark Chavez, que anteriormente dirigía una clínica de ketamina, recibió arresto domiciliario y servicio comunitario, y ambos médicos perdieron su licencia para ejercer. Fleming e Iwamasa aún esperan sentencia.
EL ORIGEN MÉDICO DE UNA ADICCIÓN QUE EL MERCADO ILEGAL COMPLETÓ
Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina bajo supervisión médica para tratar la depresión y la ansiedad en una clínica, donde se volvió adicto a la sustancia. Cuando los médicos de ese centro se negaron a aumentar su dosis, recurrió a proveedores dispuestos a explotar su dependencia para su propio beneficio económico.
Ahí empieza la cadena que los fiscales reconstruyeron con precisión. Plasencia le vendía ketamina a Perry a precios muy elevados —más de 2.000 dólares por vial—, mientras que la sustancia les costaba a sus traficantes una fracción de ese valor. Un mensaje de texto de Plasencia a Chavez, citado en el juicio, sintetizaba la lógica del negocio con brutalidad: "Me pregunto cuánto pagará este imbécil".
Perry pagó. Siguió pagando. Y cuando Plasencia no bastó, llegó Sangha.
Por qué importa esta distinción
Que la adicción comenzara dentro del sistema médico legal no atenúa la responsabilidad de quienes la alimentaron ilegalmente —y la jueza Garnett lo dejó claro en la condena de Plasencia, señalando que había ayudado al actor "en el camino hacia ese final al continuar alimentando su adicción". Pero sí obliga a leer el caso en su dimensión más incómoda: la ketamina es un fármaco aprobado, con usos terapéuticos documentados para la depresión resistente al tratamiento. La frontera entre prescripción y explotación, en este caso, no la cruzó un desconocido en una esquina. La cruzaron, primero, médicos con licencia.
LA DEFENSA Y EL PESO DE LO QUE NO ALCANZÓ A CAMBIAR
Los abogados de Sangha construyeron un retrato alternativo. Argumentaron que no tiene antecedentes penales, que ha mantenido la sobriedad en prisión y que ha organizado reuniones de Narcóticos Anónimos durante su reclusión. Pidieron que el tiempo ya cumplido desde su arresto en agosto de 2024 fuera considerado suficiente. No lo fue.
Antes de conocer la sentencia, Sangha ofreció una disculpa pública desde prisión. "No hay excusas para lo que hice. Lamento profundamente el dolor que causé, especialmente a la familia de Matthew", dijo según declaraciones recogidas por The Sun. La fiscalía sostuvo que ese arrepentimiento llegaba tarde —y que llegaba después de que, según los documentos judiciales, Sangha continuó vendiendo drogas incluso después de conocer muertes relacionadas con su actividad.
