"La atención sanitaria a personas en situación irregular apenas representa cerca del 1 por ciento del total de consultas de Atención Primaria en Baleares". Así lo ha defendido este martes la consellera de Salud, Manuela García, durante el pleno del Parlament, donde ha rechazado que este colectivo ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario público.
“No es ahí donde se pone en peligro el sistema. Al contrario: da seguridad”, ha afirmado García, que ha recordado la experiencia de la pandemia. “Lo aprendimos con la covid: excluir a cualquier grupo abre la puerta a brotes y riesgos epidémicos”, ha advertido.
La intervención de la consellera ha llegado en respuesta a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha alertado de que el “creciente volumen de atención sanitaria a personas en situación irregular, sin previsión ni dotación extraordinaria”, estaría perjudicando al sistema público. La diputada, sin embargo, no ha aportado datos concretos para respaldar su afirmación.
García ha sido tajante en su réplica. “Es obligación del sistema sanitario público proteger a los ciudadanos”, ha defendido, subrayando que limitar el acceso a la atención sanitaria “no solo es injusto, sino un peligro para la salud pública”.
CAÑADAS SEÑALA A PROHENS Y LA PRESIDENTA LE CONTESTA
El debate se ha acalorado cuando la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha trasladado la cuestión directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Cañadas ha acusado al Ejecutivo autonómico de “cargar sobre el sistema sanitario” la atención a unas 200.000 personas en situación irregular y de financiar lo que ha calificado como “un hospital fantasma dedicado únicamente a migrantes”.
“Cientos de camas ocupadas cada día mientras quienes pagan impuestos sufren listas de espera interminables. Es una estafa y un insulto”, ha sostenido la portavoz de Vox desde la tribuna.
La presidenta del Govern ha rechazado de plano esa lectura y ha acusado a Vox de utilizar “datos fuera de contexto”. Prohens ha precisado que durante el último año se ha atendido a unas 100.000 personas sin residencia legal en Baleares, frente a un volumen total de cerca de 10 millones de atenciones en Atención Primaria.
“Los datos que usted da no representan ni el 1 por ciento de la actividad sanitaria”, ha sentenciado Prohens, desmontando la idea de que la atención a personas en situación irregular esté tensionando de forma significativa el sistema público de salud.
