Pedro Sánchez ha elegido la distancia, literal y figurada, para capear uno de los días más duros de su legislatura. Desde Roma, donde se encontraba en viaje oficial, el presidente del Gobierno ha descartado con rotundidad un adelanto electoral pese al nuevo terremoto judicial que sacudía a su partido en Madrid. "No va a haber convocatoria electoral hasta 2027, que es cuando corresponde", ha afirmado, mientras en la sede del PSOE en Ferraz los agentes de la UCO se personaban para requerir documentación por orden judicial.
Las imágenes de la Guardia Civil entrando en el cuartel general socialista han marcado el ritmo de una jornada especialmente complicada para los socialistas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado la causa del caso Leire Díez y ha imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes, al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset. Cuatro nuevos nombres que engrosaban una investigación que no para de crecer.
"EVIDENTEMENTE, ES UNA INVESTIGACIÓN GRAVE"
Sánchez no ha podido esquivar la magnitud del escenario. Ha reconocido la gravedad del caso, aunque ha intentado proyectar colaboración institucional y marcar distancias con la principal señalada. "Nosotros ya actuamos, Leire Díez fue apartada del partido en el momento en el que se conocieron estos hechos", ha defendido, añadiendo que "hay máxima colaboración con la justicia".
El presidente también ha salido en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo nombre lleva días sobrevolando el debate político. "Tengo toda la confianza en José Luis Rodríguez Zapatero", ha zanjado.
Pese al aluvión de frentes judiciales que rodean a su entorno más cercano, Sánchez ha querido trasladar un mensaje de resistencia y normalidad institucional. Agotar la legislatura, aguantar el tipo. Una apuesta que, a la vista de la acumulación de causas sobre el PSOE y sus allegados, cada día que pasa exige un esfuerzo mayor.
