Las informaciones sobre sanidad son prevalentes. A falta de fuentes sólidas, fiables, independientes y de fácil acceso, se genera un claro sesgo en origen que dificulta la separación entre lo trivial y lo trascendente. La propia reiteración de notas oficiales, impúdicamente propagandísticas, desvían los temas importantes relacionados con la salud de la población y la evolución de los indicadores asistenciales, hacia titulares económicos y de autobombo. Donde se debería hablar de salud se habla de dinero y los espacios destinados a tratar aspectos generales de información sanitaria de interés general se rellenan con mensajes de naturaleza publicitaria. Entre ellas, iniciativas mostradas como innovadoras que se presentan con periodicidad anual y otras como pioneras cuando se aplican en todas las comunidades autónomas. El ciudadano tiene serias dificultades en separar el trigo de la paja. Como se echan de menos las memorias anuales, entre otros, del Consejo Económico y Social, dependiente de la Consejería de Economía y los estudios del Centro de Investigación Económica (CRE) dependiente de la extinta Sa Nostra; herramientas rigurosas y accesibles que permitían valorar, de forma integrada, la evolución en el tiempo de los principales indicadores sociosanitarios, las innovaciones asistenciales y los cambios en la legislación. La calidad asistencial se mantiene en el tiempo porque el nivel de los profesionales y su capacitación está a salvo de los vaivenes políticos. Un profesional tarda muchos años en formarse, se forja a lo largo del equivalente a tres legislaturas y es el principal activo y garante del sistema sanitario. Sin embargo, para conseguir los mejores resultados en salud son esenciales el liderazgo institucional y la buena utilización de los recursos disponibles. A día de hoy, uno de los principales problemas, viene dado por las dificultades en la accesibilidad; por las dolorosas esperas en pruebas diagnósticas y quirúrgicas de tiempos indeterminados, desde que, una efímera consellera de salud, en un tiempo record, quebró la confianza de los ciudadanos y de los profesionales en sus instituciones y de una sola tacada, en un mismo decreto, modificó la Ley 5/2003 de Salud, aumentó el sueldo de sus directivos y fulminó el reglamento de garantía de tiempos de espera que había introducido Ana Castillo. Esto si son herencias.
