Pedro Sánchez anunció la semana pasada dos grandes iniciativas: la ley de vivienda estatal, que permitirá limitar los precios del alquiler, y la movilización de casi 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para ponerlas en el mercado en régimen de alquiler a un precio asequible. En pocas horas, el anuncio del presidente quedó desmontado por la realidad. De estas viviendas, solo 9.000 están en condiciones de ponerse en el mercado con cierta celeridad, previo pago, eso sí, de los diferentes gobiernos autonómicos, que tendrán que recomprar esas viviendas y asumir el coste.
Si hablamos de Baleares, el anuncio de Sánchez se concreta en un centenar de viviendas. Vamos, la panacea para la escasez de vivienda y los precios desorbitados de ésta en nuestra comunidad. El conocido como 'banco malo' tiene en las islas 447 inmuebles, pero realmente nuestras islas recibirían 120 viviendas como mucho. Esto es menos del uno por ciento de las disponibles en toda España. Solo País Vasco y Navarra recibirían menos, pero estas dos regiones tienen una política de vivienda pública mucho más importante y potente que comunidad.
Tres días después y aprovechando el escaparate del Congreso, durante una comparecencia voluntaria para hablar de política internacional, el presidente Sánchez subía la puja y anunciaba la construcción de 40.000 viviendas más para ofertar como alquiler accesible, como si levantar casas fuera algo que puede hacerse de un día para otro y él tuviera la varita mágica para construir urbanizaciones en tiempo récord. Tras una legislatura sin hacer nada en política de vivienda, el presidente Pedro Sánchez ha mutado en promotor inmobiliario a poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales del 28M.
La realidad es que solo en Baleares hay un déficit de entre 30.000 y 40.000 viviendas, según los expertos, para equipararnos a la media europea de vivienda de alquiler y, sobre todo, para satisfacer la demanda asociada al crecimiento demográfico que aventura el INE para los próximos 20 años en nuestras islas. La lista de espera para acceder a una vivienda de promoción pública en nuestra comunidad supera las 8.000 personas y ni el Govern, ni el Consell de Mallorca, ni el Ajuntament de Palma, los tres en manos de la izquierda durante los último ocho años, han hecho nada para resolver el problema de la vivienda.
Todo lo contrario, con decretos de desclasificación de suelo, alguno de ellos aprobado en plena pandemia o el decreto 10/2022 que aplica duras restricciones a los ayuntamientos a la hora de permitir nuevos desarrollos urbanos, o el Plan General de Cort aprobado esta semana, en el que se reducen las hectáreas de suelo urbanizable, las instituciones públicas son las primeras en tensionar el mercado inmobiliario y poner trabas. Por no hablar del tiempo para tramitar cualquier licencia de construcción, que supera los dos años y hace que el promotor acabe tirando la toalla y busque otros destinos en los que construir vivienda.
La política de vivienda ha sido el paradigma de la política de propaganda y eslóganes que ha definido la gestión del Govern Armengol en los últimos ochos. El autoproclamado 'Govern de la Gent' ha dejado sin techo a muchos jóvenes, familias y trabajadores que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible y se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres, compartir pisos, dormir en caravanas o hacerlo en viviendas infra habitables. Paradójicamente, durante este periodo sí ha aumentado la venta de viviendas de lujo y mansiones en nuestras islas. El mantra del reparto de la riqueza con el que llegó Armengol a El Consolat tampoco se cumple en esta materia.
En su obsesión por limitar cualquier crecimiento y justificar así la protección medioambiental, el Govern ha perdido ocho años en los que el problema de la vivienda se ha agravado exponencialmente en nuestra comunidad, hasta llegar a una situación de emergencia habitacional, que condiciona la economía de las islas, porque el sector turístico, principal motor productivo, cada vez encuentra más dificultades para reclutar mano de obra. Y lo mismo ocurre con las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad o de los funcionarios del Estado, a los que no les sale a cuenta venir a trabajar a nuestras islas. Pero es que incluso muchos residentes se están planteando abandonar la isla e irse a la península u a otro país europeo, ante la imposibilidad de comprar una vivienda digna a un precio asequible o seguir pagando un alquiler razonable aquí. Y es que, sin vivienda, vivir en el paraíso puede convertirse una pesadilla.
