Agentes de la policía judicial, pertenecientes al grupo de delitos económicos, junto a los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, han registrado durante siete horas la sede de UM. De allí han salido pasadas las tres y media de la tarde con seis cajas de documentación que ahora tendrán que analizar. Dentro de esta operación se han efectuado hasta el momento otros dos registros, uno en las dependencias de la empresa pública Imfof, de la que se han llevado diversa documentación así como material informático. y otro, que todavía está en marcha, en las oficinas de Medio Ambiente del Consistorio palmesano. Hasta el momento fuentes del caso han confirmado la detención de tres personas: la ex gerente del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), Catalina Payeras, quien ayer tras prestar declaración quedó en libertad con cargos; Paula Cortes, ex número 4 de UM en Palma y coordinadora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento y al coordinador del área de Medio Ambiente de Cort, S.M.. Según han explicado diversas fuentes a mallorcadiario.com el asunto que se investiga podría no tener que ver con una presunta financiación irregular de UM como se apuntaba al princinpio sino con las contrataciones de informadores medioambientales, un servicio del que Cort prescindió nada más echar a la formación nacionalista del equipo de gobierno municipal. Cabe recordar que Cortés ya declaró en calidad de imputada ante el juez que instruye el ‘caso Maquillaje’, donde en concreto negó que el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21 fuese utilizado para dar información del partido nacionalista o sobre sus listas de cara a estas elecciones. En cualquier caso, apuntó a la ex presidenta de Emaya y ex regidora de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, como la persona que medió para su contratación en diversos organismos públicos, entre ellos en el proyecto Agenda Local. Sin embargo, aseveró que “en ningún momento trabajó dando información del partido” sino que su labor consistía en sensibilizar a la población para que “no tirara el aceite por el lavabo, no tirara pilas y que ahorrara agua”. Los registros efectuados se han produciendo por orden del titular de juzgado de instrucción número 8 de Palma Antoni Rotger a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Según ha informado el TSJIB en un comunicado el magistrado ha ordenado una serie de entradas y registros en el marco de unas diligencias judiciales que están declaradas secretas. Las investigaciones se centrarían en una presunta captación irregular de votos a nivel municipal durante las pasadas elecciones y en la contratación de militantes de UM en diferentes cargos del ayuntamiento a pesar de que en estos cargos ellos no tenían ninguna función, sino que se dedicaban a labores de partido.
