La protesta, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca y respaldada por partidos políticos, sindicatos y entidades sociales, se ha desarrollado bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida'.
Durante la concentración, los participantes han acusado al Ayuntamiento de Palma y al Govern de no adoptar medidas eficaces para afrontar la crisis habitacional.
La portavoz de la PAH Mallorca, Àngela Pons, ha defendido que el lema de la protesta refleja una realidad cotidiana para muchas familias. Según ha denunciado, las administraciones no están actuando para limitar el precio de los alquileres ni para incrementar el parque de vivienda social.
Los manifestantes también han criticado la gestión del reciente desalojo de la antigua prisión de Palma, donde llegaron a residir más de 200 personas.
DENUNCIAN FALTA DE ALTERNATIVAS
La PAH ha asegurado que muchas de las personas desalojadas continúan sin una solución habitacional y se encuentran viviendo en la calle.
Pons ha señalado que mantiene contacto con algunos de los afectados y ha lamentado que, además de perder su alojamiento, puedan enfrentarse a sanciones administrativas por pernoctar en espacios públicos.
SON BORDOY, EN EL CENTRO DE LA PROTESTA
La situación de Son Bordoy ha centrado buena parte de las reivindicaciones. Según la plataforma, alrededor de 180 personas residen desde hace casi tres décadas en estos terrenos de Palma.
Varios vecinos del asentamiento han participado en la movilización portando fotografías de sus viviendas para reivindicar que se trata de hogares consolidados y no de infraviviendas.
Los residentes sostienen que sus casas reúnen condiciones adecuadas y rechazan la imagen de precariedad que, a su juicio, se proyecta sobre la zona.
PENDIENTES DE UNA DECISIÓN JUDICIAL
La abogada de la PAH, Gloria Olmos, ha explicado que el próximo martes está prevista una resolución judicial dentro del procedimiento iniciado por la promotora Pryconsa, propietaria de varias parcelas de Son Bordoy.
La letrada sostiene que los terrenos ocupados por algunas de las familias afectadas tienen la consideración de suelo cultivable y que, por tanto, corresponderían al Ayuntamiento y no a la empresa promotora.
Además, ha argumentado que la normativa urbanística vigente impediría actualmente destinar esos terrenos a la construcción de viviendas, uno de los proyectos planteados para la zona.
La decisión que adopte el juzgado podría marcar el futuro inmediato de varias familias que residen en Son Bordoy y que temen verse obligadas a abandonar unas viviendas en las que algunas llevan viviendo desde hace casi treinta años.
