La formación, a través de su portavoz Toni Gili, sostiene que el objetivo de estas propuestas es “garantizar un uso justo de los recursos públicos” y preservar la sostenibilidad de los servicios esenciales en Mallorca, según ha trasladado en un comunicado.
POSICIÓN DE VOX SOBRE LA SANIDAD PÚBLICA
La segunda de las mociones registradas se centra en el reciente decreto sanitario aprobado por el Ejecutivo central, que restablece y refuerza la cobertura sanitaria pública para personas extranjeras sin residencia legal en España. El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo con el objetivo de eliminar barreras administrativas y homogeneizar el acceso en todo el Sistema Nacional de Salud.
Vox considera que esta ampliación del acceso puede “comprometer gravemente la sostenibilidad del sistema sanitario”, en un contexto que, a su juicio, ya está marcado por la falta de recursos y el incremento de la demanda asistencial.
Según ha señalado Gili, la medida podría traducirse en más presión sobre las listas de espera y una pérdida de calidad asistencial para los residentes de la isla. En esa línea, la moción reclama al Gobierno central la derogación del decreto y la elaboración de un informe económico y asistencial sobre su impacto. La iniciativa llega después de que el Congreso rechazara recientemente una moción de Vox que pedía derogar el mismo real decreto a nivel nacional.
MEMORIA DEMOCRÁTICA Y AYUDAS SOCIALES
Además del debate sanitario, Vox presentará una moción de respaldo a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, aprobada en el Parlament el pasado marzo. La formación argumenta que esa derogación responde a la necesidad de recuperar la “neutralidad institucional” y evitar, según su criterio, una interpretación ideológica de la historia. Gili ha defendido que el pasado debe abordarse desde el pluralismo académico y no desde la confrontación política.
La tercera moción se centra en el sistema de ayudas sociales. Vox propone vincular el acceso a determinadas prestaciones al cumplimiento de la legalidad administrativa y reforzar el carácter condicionado de la Renta Social Garantizada. El planteamiento, según el partido, busca priorizar las ayudas para quienes contribuyen al sostenimiento del sistema y orientarlas al acceso al empleo.
