La rutina postvacacional regresa y el signo más evidente de ello es el comienzo de las clases en los centros educativos de Balears. Vuelven los atascos a las horas de entrada y salida de los colegios y los debates de cada año acerca del coste que tiene para las familias la escolarización de sus hijos.
Nadie debate el coste de un smartphone de última generación o de una suscripción a una plataforma audiovisual, pero cuando se trata de libros y material escolar para los chavales, parece como si estuviéramos refiriéndonos a gastos extraordinarios o suntuarios. Si, además, le añadimos la cansina cantinela acerca del (falso) coste del uniforme escolar, entonces tenemos el pack completo. Digo falso porque los uniformes no están habitualmente conformados por prendas especialmente caras si las comparamos con la ropa de calle, aunque sí suelen ser mucho más adecuadas y resistentes, y porque, obviamente, los escolares no acostumbran a ir desnudos cuando en su colegio no hacen uso de uniforme. Dicho de otra forma, no es un coste adicional, sino alternativo, y, además, contribuye a la percepción de la igualdad de todo el alumnado, lo cual no es baladí en centros educativos sostenidos con fondos públicos en los que, debido a las normas de admisión, los alumnos pueden provenir de estratos sociales muy distintos. En la escuela, todos iguales, y eso está bien.
Este año en Balears los titulares de prensa giran en torno al incremento de demanda de la enseñanza concertada y la correlativa disminución en la pública. Los enemigos de la libertad de elección se tiran de los pelos ante tamaña afrenta, aunque, en realidad, probablemente se trate de algo coyuntural ligado a la apertura de nuevos centros concertados de educación infantil 0-3.
En cualquier caso, cuando las familias pueden elegir, escogen aquello que más les gusta, es así de simple. Si la pública pierde alumnado, quizás debería hacerse mirar por qué. Les apunto algunos factores que pudieran influir en la decisión: Una oferta educativa excesivamente uniforme, sin singularidades relevantes (con alguna excepción, claro); una oferta de servicios limitada; un modelo lingüístico monolítico e ideologizado, sin flexibilidad ni adecuación al entorno sociolingüístico, e impermeable a las demandas de las familias; y una gestión de los centros que depende mucho más de la suerte en la conformación de los equipos directivos -y los hay excelentes- que de la existencia de un verdadero modelo de dirección profesionalizada.
Desde la óptica de la Administración, el crecimiento de la demanda de la escuela concertada es siempre una buena noticia, porque supone, además, un importante ahorro de recursos públicos. En 2025, cuarenta años después de la promulgación de la LODE y de la generalización de los conciertos educativos, un puesto escolar en la enseñanza concertada aún cuesta a los ciudadanos la mitad que uno idéntico en la enseñanza pública. Es precisamente esta última la que más se beneficia de ese ahorro, porque la concertada ahorra recursos que el Govern puede destinar a otras necesidades educativas.
Obviamente, la eficiencia en la gestión económica marca la diferencia.
Bienvenidos al curso 2025-2026.
