El Consell de Govern ha aprobado este viernes destinar un total de 1.628.236,18 euros del fondo de contingencia a hacer frente al pago derivado de una sentencia urbanística. Se trata de dar cumplimiento de una resolución judicial que obliga a indemnizar a tres sociedades por los perjuicios ocasionados por la Ley 4/2008 de desarrollo territorial sostenible, más conocida como 'Ley Carbonero'.
La decisión, adoptada a propuesta de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, responde a la ejecución de la interlocutoria 24/2025, de 24 de febrero de 2025, que estima un incidente de ejecución de la Sentencia 837/2023, dictada por la Sala Contenciosa Administrativa número 1 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB).
Los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando las tres sociedades interpusieron una reclamación de responsabilidad patrimonial tras la entrada en vigor de la citada Ley 4/2008, de 14 de mayo. Esta normativa, aprobada con el objetivo de establecer medidas urgentes para un desarrollo territorial más sostenible en el archipiélago, implicó la desclasificación de diversos terrenos urbanizables, entre ellos 19 solares ubicados en la urbanización El Vilà, en el municipio de Pollença.
Como consecuencia directa de la aplicación de esta ley, las sociedades afectadas entendieron que se les habían causado perjuicios económicos significativos, por lo que acudieron a los tribunales en defensa de sus intereses. Ahora, casi 16 años después de aquella reclamación inicial, la justicia les ha dado la razón.
En cumplimiento de la resolución judicial, el Govern abonará 1.070.138,60 euros en concepto de indemnización directa por los daños sufridos, y otros 558.047,88 euros correspondientes a los intereses legales acumulados entre el 15 de noviembre de 2009 y el 12 de marzo de 2025.
Con esta decisión, el Ejecutivo balear da cumplimiento a una obligación judicial firme, financiando el pago con cargo al fondo de contingencia, un instrumento presupuestario reservado para atender gastos imprevistos o urgentes que no pueden ser demorados.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado que "esta vez han sido 1,6 millones, que se suman a los más de 400 millones de euros que ha costado la Ley Carbonero. Esto pone de manifiesto que actuar con irresponsabilidad, tiene un precio. Más de 400 millones".
