El conflicto entre las aerolíneas y el Estado por la financiación de la subvención del 75 por ciento para residentes vuelve a tensarse. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha denunciado este martes que el Gobierno mantiene una deuda de 680 millones de euros correspondientes a adelantos realizados por las compañías para cubrir la bonificación en vuelos operados hasta el 30 de noviembre de 2025 entre la península y Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como entre islas.
Del total, la Administración solo ha revisado y reconocido 250 millones, pero siguen sin abonarse, un retraso que ALA considera inaceptable y peligroso para la salud financiera del sector. El resto, más de 400 millones, continúa sin validar.
La patronal alerta de que el problema no es coyuntural, sino estructural, consecuencia directa de una infradotación presupuestaria crónica en las cuentas públicas destinadas a esta bonificación. Y avisa: si el Estado no corrige el desfase, la conectividad aérea de los territorios insulares podría verse comprometida.
“La brecha entre la demanda de estos servicios por parte de los residentes y los recursos del Estado cada vez es mayor. El agujero que asumen las aerolíneas crece año tras año”, ha advertido el presidente de ALA, Javier Gándara, quien denuncia que el Gobierno “responde con parches y tarde”. Gándara exige el pago inmediato, al menos, de los importes ya certificados, y reclama una modernización de los procesos de verificación y liquidación para evitar el colapso administrativo actual.
LAS AEROLÍNEAS: INTERMEDIARIAS QUE ADELANTAN EL DINERO DEL ESTADO
ALA recuerda que las compañías únicamente actúan como entidades colaboradoras. Son ellas las que adelantan el 75 por ciento del billete que corresponde al residente, para después liquidarlo con el Estado cuando el vuelo ya ha sido realizado y certificado. Sin embargo, el propio Estado mantiene sin pagar incluso los importes ya reconocidos oficialmente.
“Resulta incomprensible que el Ejecutivo no abone lo que debe, pero todavía lo es más que ni siquiera pague lo ya verificado y reconocido”, ha insistido Gándara, quien alerta del desgaste financiero que esto supone a empresas que, según subraya, han reforzado notablemente su oferta para mejorar la conectividad de los territorios afectados.
EL ESFUERZO DE CONECTIVIDAD, EN CIFRAS
La ampliación de rutas y asientos por parte de las aerolíneas es notoria. En 2024, las conexiones entre Canarias y la península alcanzaron 61,81 millones de asientos, un 9,6 por ciento más que en 2023 y un 18 por ciento más que en 2019. Entre Baleares y la península, la oferta llegó a 55 millones de plazas, un 6 por ciento de incremento anual y un 12,85 por ciento por encima de 2019.
El impacto económico asociado a la conectividad también es conocido. Un aumento del 10 por ciento en conexiones aéreas eleva el PIB per cápita un 0,5 por ciento; cada 1.000 pasajeros generan un empleo directo; y un 1 por ciento más de vuelos impulsa los intercambios comerciales un 0,7 por ciento.
UN AVISO PARA EL GOBIERNO
ALA insiste en que el retraso en los pagos amenaza con erosionar la sostenibilidad del servicio y frenar el desarrollo socioeconómico de regiones cuya cohesión territorial depende, en gran medida, de la aviación. “Las aerolíneas han hecho su parte”, concluye la patronal. “Ahora falta que el Estado cumpla con la suya”.
