La regulación llega además en un contexto judicial relevante. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) obliga a tramitar alrededor de 600 solicitudes de VTC denegadas en 2022. Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que tramitar no implica conceder, pero el contenido final del reglamento será determinante. En este contexto, los protagonistas del sector, Biel Moragues, presidente de Taxi-PIMEM, y Miquel Àngel Ramis, presidente de la patronal balear de VTC, atienden a mallorcadiario.com para explicar sus posiciones sobre la regulación, la competencia y la aplicación de la ley.
LOS TAXISTAS AVISAN: “IREMOS CON TODO”
“Si el Govern abre la puerta a más VTC, el taxi se moviliza. Iremos con todo”, afirma con rotundidad el presidente de Taxi-PIMEM, Biel Moragues, al ser preguntado sobre este posible futuro escenario. El dirigente sostiene que el taxi es el único servicio habilitado para el transporte urbano a demanda en Mallorca.
Permitir que las VTC operen en ese mismo ámbito supondría, según afirma, una alteración sustancial del modelo actual. “Las autorizaciones las concede el Estado, pero la ordenación del transporte urbano e insular es competencia autonómica. El Govern tiene herramientas y debe usarlas”, recalca. Moragues recuerda además que la sentencia del TSJIB obliga a tramitar expedientes, pero no impone conceder nuevas licencias. “Si se cruza esa línea, el sector se moviliza”, insiste.
LAS VTC PIDEN LIMITAR
Por otro lado, el presidente de la patronal balear de VTC, Miquel Àngel Ramis, matiza que existe una diferencia entre la VTC tradicional —precontratada y discrecional— y el transporte urbano a demanda vinculado a grandes plataformas digitales. “La VTC nace para traslados hotel-aeropuerto o vehículos de disposición. Ese es el marco que debemos preservar”, afirma Ramis en declaraciones a este digital.
El representante de las VTC en Baleares señala asimismo que el modelo actual cubre la demanda existente y rechaza una ampliación masiva de autorizaciones. "En Baleares operan alrededor de 700 licencias permanentes, además de las temporales que se conceden en temporada alta mediante concurso público", apunta.
"Hay días que tenemos coches parados"
“No necesitamos 600 licencias más. Hay días que tenemos coches parados”, añade Ramis, para quien un incremento significativo generaría sobreoferta y desequilibrio en el sector. No en vano, el líder de la patronal -integrada en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT)- se muestra partidario de establecer un techo máximo de licencias por isla dentro del nuevo reglamento.
CAPTACIÓN ILEGAL Y CONTROL ADMINISTRATIVO
El presidente de Taxi-PIMEM pone el foco en la inspección. Denuncia la captación ilegal de pasajeros a través de plataformas digitales y reclama un refuerzo de los controles. “El problema no es solo cuántos vehículos hay, sino cómo se opera”, señala. Según explica, la falta de vigilancia permite que determinados servicios funcionen en la práctica como transporte urbano a demanda, pese a que la normativa exige precontratación en el caso de las VTC.
Moragues considera que la aplicación estricta de la normativa es clave para evitar conflictos y competencia desleal. En este punto, Ramis coincide en que la captación sin precontratación es ilegal. Recuerda que la ley obliga a que los servicios estén previamente contratados y comunicados.
"El problema se corrige si se sanciona"
“No hace falta aprobar nuevas leyes. Si se sanciona al que incumple, el problema se corrige”, afirma. Ambos sectores coinciden así en la necesidad de mayor control administrativo, aunque mantienen posiciones distintas respecto al alcance que debe tener el número de licencias.
EL REGLAMENTO, CLAVE PARA EL SECTOR
El Govern trabaja en el reglamento autonómico que deberá fijar los criterios de concesión y el número máximo de autorizaciones por isla. Según explicó en una entrevista previa a mallorcadiario.com la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, la regulación se basará en criterios objetivos como la población, la capacidad viaria, la estacionalidad turística y la sostenibilidad ambiental.
El Ejecutivo fundamenta su actuación en el decreto estatal que reforzó las competencias autonómicas en materia de transporte urbano y en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, que avala la posibilidad de limitar las VTC por razones de interés general. El 22 de febrero marca el final de la moratoria. A partir de esa fecha, el nuevo reglamento determinará el marco de funcionamiento del sector.
