"Una enseñanza que podría completarse en seis o siete meses termina alargándose más de un año", lamenta Joana Ribas. La consecuencia es que muchos jóvenes no pueden acceder a trabajos que requieren el carné, ni cumplir con prácticas de FP vinculadas al transporte. Otros, especialmente universitarios que se trasladan a la península, optan por examinarse allí de las pruebas prácticas tras haber aprobado la teórica en Mallorca.
El problema tiene una raíz estructural: la escasez de examinadores. Baleares contaba con 16 a principios de verano, pero 10 se marcharon a la península, generando un riesgo de colapso. La Dirección General de Tráfico (DGT), en esta ocasión, reaccionó con previsión: "Prometieron que no se irían los examinadores antiguos hasta que llegaran los nuevos, y así fue. Se incorporaron siete en Mallorca y uno en Menorca", explica la dirigente de la organización empresarial de autoescuelas del archipiélago.
Aun así, la falta de estabilidad del personal persiste. "La mayoría de examinadores recién llegados solicita traslado en cuanto puede", indica. Los motivos son evidentes: con un sueldo de unos 1.500 euros, resulta casi imposible afrontar alquileres que superan los 800 euros en muchas zonas de la isla. "Aquí ese sueldo apenas da para una habitación. Es imposible. Lo que necesitamos es una bolsa de examinadores de origen balear, gente con vivienda propia y arraigo que no se vea obligada a marcharse", plantea Ribas.
El fenómeno, según Ribas, no es exclusivo de Mallorca ni Baleares; Canarias y, en menor medida, Barcelona sufren problemas similares. "El denominador común es el elevado coste de vida frente a salarios que no se ajustan a la realidad local", apunta la líder de la Asociación Balear de Autoescuelas.
El déficit no se limita a los examinadores. También faltan profesores de autoescuela, lo que obliga a traer instructores de la península e incluso de Portugal. Para retenerlos, algunas autoescuelas han optado por ofrecer alojamiento gratuito, una medida que, según Ribas, es hoy por hoy "la única manera de conseguir personal. Una solución temporal y cara para las academias".
En cuanto al ciclo formativo de Palma, creado para formar nuevos instructores, todavía no ha logrado consolidarse. "El primer año solo hubo cinco alumnos, este curso ya son 26, y esperamos que vaya creciendo", explica Joana Ribas.
Los más perjudicados por esta situación son los alumnos. Miles de jóvenes esperan poder examinarse, y la demora se traduce en planes académicos truncados y oportunidades laborales perdidas. Algunos recurren a dividir el proceso: un año aprueban la teórica y al siguiente, con paciencia, intentan la circulación.
"Cada vez más alumnos que aprueban la teórica aquí -en Mallorca-, lo que hacen es sacarse el práctico, pese a los costes adicionales", explica Ribas. Aunque no se detecta un abandono masivo, la frustración es evidente. "Una vez que estás en medio ya quieres terminar, pero la espera desespera", zanja.
A los retrasos se suma otro problema: la baja tasa de aprobados. Según un reciente informe de la DGT, solo el 36 por ciento de los alumnos en Baleares aprueba el examen práctico a la primera, muy por debajo de la media nacional. Para Ribas, estos bajos resultados están ligados a varios factores: la falta de continuidad en las clases debido a los retrasos, la dificultad de enseñar al ritmo adecuado y la proliferación de autoescuelas de bajo coste que priorizan la rapidez sobre la formación de calidad.
"No es lo mismo sacarse el carné hoy que hace 20 años. La circulación es más compleja y se requieren más horas de práctica. Muchos padres no lo entienden y comparan con su experiencia, cuando aprobaban con 10 clases", asevera Joana Ribas para concluir: "Lo que pedimos es unificar criterios: un examinador no puede aprobar y otro suspender por lo mismo. Esta homogeneidad, sumada a una formación más rigurosa, podría elevar el porcentaje de aprobados y, de paso, aliviar las listas de espera".
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