Baleares vuelve a situarse entre los territorios con el mercado inmobiliario más complejo del país. El último informe anual del Banco de España dibuja un escenario en el que la creciente presencia de compradores extranjeros, la poca oferta de vivienda pública y el encarecimiento sostenido de los precios dificultan cada vez más el acceso a una vivienda para los residentes del archipiélago.
Uno de los datos más reveladores del estudio es que una de cada cuatro viviendas vendidas en Baleares durante 2025 fue adquirida por un ciudadano extranjero que no tiene su residencia habitual en las islas. En concreto, el 25 por ciento de las operaciones de compraventa correspondieron a este perfil de comprador, una proporción que sitúa al archipiélago como la tercera provincia española con mayor peso de las adquisiciones realizadas por no residentes, únicamente superada por Alicante y Málaga.
FUERTE DEMANDA INTERNACIONAL
La estadística confirma una tendencia que lleva años marcando la evolución del mercado balear: la fuerte demanda internacional continúa ejerciendo una notable presión sobre una oferta limitada de vivienda. El fenómeno adquiere aún mayor relevancia si se analiza conjuntamente con la presencia de viviendas turísticas. Según el Banco de España, la suma de inmuebles destinados al alquiler vacacional y de viviendas propiedad de no residentes representa ya el 10,9 por ciento del parque residencial balear, una cifra que iguala a Girona y sólo queda por detrás de Málaga y Alicante.
Este contexto contribuye a una realidad cada vez más compleja para quienes buscan establecer su residencia permanente en las islas. El informe subraya que el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda sigue aumentando a un ritmo superior al crecimiento de las rentas familiares. En el caso de Baleares, los hogares destinan ya el 30,7 por ciento de su renta neta al pago del alquiler, uno de los porcentajes más elevados de España y únicamente por detrás de Málaga y Cádiz.
UN COMPLEJO ESCENARIO NACIONAL
La situación afecta especialmente a los jóvenes. A nivel nacional, el acceso a la vivienda en propiedad entre las personas de 18 a 35 años se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas. Si en 2007 el 41 por ciento de los jóvenes era propietario de una vivienda, en 2025 la cifra apenas alcanza el 22 por ciento. El Banco de España calcula que los jóvenes y los nacidos fuera de España necesitan destinar el equivalente a siete años y medio de ingresos para poder comprar una vivienda, mientras que el promedio de los hogares se sitúa en cuatro años.
El encarecimiento de los inmuebles también se refleja en la evolución de los precios. Entre 2014 y 2025, el precio real de la vivienda en Baleares registró un crecimiento medio anual del 4,7 por ciento, una de las tasas más elevadas del país. El organismo supervisor advierte de que los precios reales ya se encuentran en niveles comparables a los de 2005, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
A esta situación se suma otro factor estructural: la escasez de vivienda pública. España cuenta con apenas un 1,5 por ciento de vivienda protegida sobre el total del parque residencial, una proporción muy alejada de la existente en países europeos como Países Bajos, Austria o Dinamarca. Para el Banco de España, esta limitada disponibilidad impide que las administraciones dispongan de herramientas suficientes para amortiguar los problemas de acceso a la vivienda.
POCO SUELO Y MUCHA BUROCRACIA
El organismo identifica además importantes obstáculos para aumentar la oferta residencial. Entre ellos destaca la disponibilidad de suelo, la complejidad de los procedimientos urbanísticos, los problemas de coordinación administrativa, las dificultades para conectar nuevas promociones a las redes de suministro y la escasez de mano de obra en el sector de la construcción.
Ante este panorama, el Banco de España considera que la solución pasa por una combinación de medidas. Por un lado, plantea actuaciones temporales orientadas a contener determinados segmentos de la demanda, especialmente aquellos vinculados a usos no residenciales de la vivienda. Por otro, insiste en la necesidad de impulsar de forma decidida la construcción de nuevas viviendas mediante reformas urbanísticas y una mejor gestión del suelo disponible.
Para Baleares, donde la presión turística, la inversión internacional y la limitación territorial confluyen con especial intensidad, las conclusiones del informe constituyen una radiografía precisa de uno de los principales desafíos económicos y sociales de las islas: garantizar el acceso a una vivienda asequible para quienes viven y trabajan en el archipiélago.
