La tasa de litigiosidad ha alcanzado en Balears los 32,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en este periodo, mientras que en el conjunto de España fue ligeramente inferior, de 32,2 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Por jurisdicciones en Balears, la tasa de litigiosidad en Civil fue de 13,6, en Penal de 16,54, en Contencioso-Administrativo de 0,68, y en Social de 1,46 asuntos registrados por cada 1.000 habitantes.
A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales en el primer trimestre del año fue de 1.505.681, lo que representa un incremento del 0,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, según el informe 'Situación de los órganos judiciales' publicado este miércoles por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los órganos judiciales españoles resolvieron 1.472.649 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 2.420.110 asuntos, un 10,4 por ciento más que en la misma fecha del año pasado.
La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil -con una subida del 14 por ciento- como en la contencioso-administrativa -donde el incremento fue del 2,1 por ciento-, mientras que descendió un 7,6 por ciento en la penal y un 5,5 por ciento en la social.
Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media fueron Canarias (41,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), la Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).
Mientras tanto, las Comunidades Autónomas con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4).
Galicia también tuvo una tasa de litigiosidad excepcionalmente baja en el periodo analizado -22,1 asuntos por cada mil habitantes-, que en su caso obedece a la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que tuvo como efecto una disminución del 28,1 por ciento en el número de asuntos ingresados.