La batalla fiscal abierta por Madrid hace años, haciendo uso de su capacidad normativa en los impuestos cedidos y en aquellos compartidos con el Estado, se ha intensificado en las últimas semanas con la estrategia de las regiones gobernadas por el PP de anunciar rebajas de impuestos, tanto en renta como en patrimonio. Hasta aquí, todo entra dentro de lo previsible a pocos meses de una cita electoral, en la que los dos únicos partidos con opciones de gobernar buscan la estrategia que consideran más acertada para captar el apoyo de los votantes en las urnas. Con lo que no contaba uno de los contendientes en esta batalla era con la disidencia de algunos de sus barones respecto al discurso oficial.
Es lo que ha pasado con el anuncio del presidente de la Comunidad Valenciana, de adscripción socialista, de replicar rebajas fiscales en la región, a imitación de los presidentes autonómicos del PP. Una decisión que ha quebrado la estrategia fiscal del Gobierno de Sánchez en su defensa numantina en el mantenimiento de los impuestos al público en general y el endurecimiento para las rentas elevadas de personas y de empresas, los llamados ‘ricos’ por el gobierno de izquierdas. Lo que era una batalla ha derivado en una guerra en la que el interés electoral está en primer plano porque ha empezado la campaña electoral más dilatada que se recuerda.
Para parar la hemorragia interna y salvar -ya demasiado tarde- el discurso oficial, la ínclita ministra Montero se ha apresurado a anunciar medidas fiscales que no tenía previsto. Bajo el eufemismo “solidaridad transitoria”, el Gobierno ha anunciado un nuevo impuesto a aquellos contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros, con el que pretende recaudar unos 1.500 millones de euros. Al mismo tiempo, para sostener el eslogan “bajamos a los pobres, subimos a los ricos”, Montero también ha anunciado reducciones a quienes ganen entre 18.000 y 21.000 euros, aunque dejando claro que no se trata de una “deflactación” del IRPF, porque eso llevaría consigo bajar todos los tramos.
En definitiva, se trata más de una medida efectista, de escaso calado, para parar el golpe e intentar recuperar la iniciativa política perdida por el Gobierno en las últimas semanas, que una verdadera reforma fiscal, que debería estar encaminada a ayudar a empresas, familias y autónomos a afrontar las consecuencias de una inflación desbocada que parece nos acompañará durante más tiempo del previsto.
Como reza el refranero, no hay mal que por bien no venga. Así que bienvenido sea el debate sobre los impuestos que pagamos todos, aunque el verdadero debate debería centrarse en cómo el Estado gasta el dinero que recauda de nuestros impuestos y en si pueden gestionarse mejor los recursos públicos, que son finitos y salen, en su mayor porcentaje, de los bolsillos de la inmensa mayoría de ciudadanos que, ni son ricos, ni son grandes empresarios.
En todo caso, este debate fiscal enconado de carácter más ideológico y electoral que práctico tiene una derivada, que lleva demasiados años coleando y que los diferentes Gobiernos no han querido afrontar, como es la modificación del actual sistema de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno de Zapatero. Un mecanismo que es uno de los arcanos que arrastra España desde hace tres largos lustros y que revela un evidente desajuste entre ingresos y gastos por comunidades, con las Illes Balears a la cabeza en esa desigualdad.
