El Ayuntamiento de Palma exige a las empresas que contraten que lleven su correspondencia interna en catalán y que si dan avisos por megafonía a sus empleados también lo hagan en dicha lengua. Al menos así lo denuncia el Partido Popular, que cree se trata de una medida ideológica. Apuntan que “no tiene sentido que las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento, además de presentar toda la documentación en catalán, tengan que realizar las comunicaciones internas, la rotulación o el servicio de megafonía en catalán porque en nada contribuye a mejorar el servicio”.
La portavoz del grupo municipal popular, Marga Durán y el regidor Guillermo Sánchez han exigido al equipo de gobierno de Cort la retirada inmediata de las cláusulas lingüísticas. Así, Durán ha recordado que el Ayuntamiento de Palma aprobó hace un año una instrucción para una contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística. “Desde el Partido Popular siempre hemos estado de acuerdo con las cláusulas medioambientales y sociales, pero de ninguna manera aceptamos la aplicación de unas cláusulas lingüísticas que responden más a una imposición ideológica que a la búsqueda del mejor servicio para los palmesanos”, ha dicho la edil.
Además, la edil ha afirmado que “hemos hecho un seguimiento de los contratos del consistorio y hemos comprobado que, mientras en todos se exige el cumplimiento de las cláusulas lingüísticas, en un 40% de los mismos no se exigen las medioambientales ni las sociales”, por ello, Durán a afirmado que “la realidad es que todo parece indicar que el equipo de gobierno aprobó las cláusulas sociales y medioambientales como excusa para imponer las lingüísticas, que son las que realmente se exigen en todas las contrataciones”.
Asimismo, Durán ha recordado que desde Delegación de Gobierno se recurrió la aplicación de las cláusulas lingüísticas hace un año por atentar contra los principios de igualdad y libre concurrencia en las contrataciones públicas, y ha señalado que “recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado una normativa similar a la aprobada por el Ayuntamiento de Palma, donde se establecía que el conocimiento y el uso de la lengua vasca era preceptivo para contratar con la Administración”.
Por todo ello, la edil ha anunciado que su grupo municipal presentará una propuesta en el próximo pleno en la que se pedirá que el consistorio aplique las cláusulas sociales y medioambientales y elimine las lingüísticas “de inmediato”.
Por su parte, el regidor Guillermo Sánchez ha denunciado que en dos de los últimos contratos de calado que ha sacado el Ayuntamiento como el de la elaboración del plan General de Ordenación Urbana y el de servicio de grúas, se hayan incluido las cláusulas lingüísticas mientras las sociales y las medioambientales no se han aplicado.
