Según ha explicado a Europa Press el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, poco antes de las 07.00 horas han comenzado a llegar al número 24 de la calle Joan Miró las primeras patrullas policiales.
No ha sido hasta pasadas las 09.00 horas cuando ha llegado la comisión judicial, integrada por un agente "que suele reírse" de los afectados y que ha sido sancionado anteriormente, ha apuntado Segura.
Tras unas horas de "presión", la madre se ha desmayado y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios en la habitación en la que residía con su hijo.
Los policías, siempre según la versión del portavoz de Stop Desahucios, ha aprovechado esta situación para conducir tanto a los activistas como al menor fuera del habitáculo. Así, ha explicado, "ha sido más fácil llevar a cabo el desahucio", que se ha ejecutado poco después, sobre las 12.00 horas.
"Inmediatamente después los obreros contratados por el policía local han destrozado la habitación y la han tapiado para que nadie más pueda residir en ella", ha añadido.
SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
Después, ha proseguido Segura, "los afectados han sido llevados a las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, donde se les ha ofrecido la posibilidad de dormir algunos días en un hostal".
La madre, no obstante, lo ha rechazado ante la imposibilidad de llevarse consigo a su perro, de pequeñas dimensiones, de avanzada edad y que necesita de sus cuidados.
Toda esta situación ha provocado que la mujer volviera a sentirse indispuesta y ha sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
Desde Stop Desahucios, ha asegurado su portavoz, están trabajando ahora en encontrar una alternativa habitacional para la familia.
PROPIEDAD DE UN POLICÍA LOCAL
En las infraviviendas de Joan Miró, ubicadas en un sótano, viven familias migrantes y personas que se encuentran situaciones de vulnerabilidad, ha recordado la organización.
Varios de ellos se llevan enfrentando desde hace meses a amenazas de desahucio por parte del policía local de Palma que se las alquila, quien fue suspendido de sus funciones y sancionado por el Govern con una multa de dos millones de euros.
Los activistas han exigido la suspensión de los desahucios, la reconexión de los suministros de agua y luz y la expropiación de las viviendas.
