En la legislatura 2003-2007, el Govern que entonces presidía el popular Jaume Matas consideraba que el Estatut de 1983 había quedado quizás algo obsoleto. Por ello, promovió la puesta en marcha de la denominada Comisión de Sabios, para que estudiase una posible reforma de aquella primera norma autonómica balear. Con independencia de esa iniciativa, aunque de forma paralela en el tiempo, la Cámara regional creó una ponencia parlamentaria para redactar un nuevo texto estatutario.
La fecha de constitución del Comité de Sabios fue el 24 de noviembre de 2004, prolongándose su labor por espacio de algo más de un año. El citado comité estaba presidido por la entonces vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Rosa Estaràs, y contaba con personalidades tan relevantes como Fèlix Pons, Ignasi Ribas, Román Piña Homs, Maximilià Morales o Francesc Tutzó, con Felio Bauzá como secretario. "Las reuniones de la comisión se celebraban cada miércoles y eran muy fructíferas", explica Estaràs a mallorcadiario.com.
Estaràs recuerda que, tras meses de intenso trabajo, la Comisión de Sabios presentó al Parlament una propuesta concreta de reforma estatutaria, por si la Asamblea quisiera tomarla en consideración. "En aquella propuesta se contemplaban, entre otras ideas, la creación de la figura del decreto ley, un mayor apoyo al catalán o el impulso de las relaciones con la Unión Europea", especifica la hoy eurodiputada por el Partido Popular.
Cuando la Comisión de Sabios entregó su propuesta a la Cámara, la ponencia parlamentaria que debía redactar el nuevo Estatut llevaba ya algunos meses trabajando, pues había sido creada también a finales de 2004, a través de la Comisión de Asuntos Institucionales. Dicha ponencia estaba integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, que eligieron al diputado popular Joan Huguet como coordinador. Un hecho a destacar es que a lo largo de 2005, los grupos parlamentarios que conformaban esta ponencia decidieron suspender de forma provisional las reuniones, ante el desacuerdo que había entre ellos sobre la conveniencia de fijar o no la representatividad territorial.
Solventadas esas discrepancias, los miembros de la ponencia acordaron reanudar las reuniones el 12 de diciembre de 2005. "Poco después, recibimos la propuesta de la Comisión de Sabios y la estudiamos, al igual que hicimos con las aportaciones del PP, el PSOE, el PSM, UM y EU-EV", subraya Huguet. "Lo que la ponencia redactó no fue una simple reforma del Estatut de 1983, sino un Estatut totalmente nuevo, muy parecido en algunos aspectos al Estatut de Catalunya", aclara a este digital. Según recogen las actas de la ponencia, los principales artífices del nuevo texto fueron Joana Barceló, Eduard Riudavets, Miquel Rosselló y el propio Huguet.
PRINCIPALES NOVEDADES
Para Huguet, "la columna vertebral de la reforma fue obra de la ponencia parlamentaria, no de la Comisión de Sabios, si bien se tuvieron en cuenta algunas sugerencias valiosas que había hecho dicha comisión". Finalmente, el 13 de junio de 2006 el Parlament aprobó la reforma del Estatut, con los votos a favor del PP, el PSOE y UM, y en contra del PSM y EU-EV. Ambas formaciones cuestionaron, por ejemplo, que no se hubiera incluido en el texto que el conocimiento del catalán debía ser no sólo un derecho, sino también un deber. El renovado Estatut fue presentado al Congreso de los Diputados, que lo validó de forma definitiva sin ninguna variación.
Por su parte, el historiador Antoni Marimon sintetiza para mallorcadiario.com cuáles fueron los principales cambios que se introdujeron en el Estatut de 2007 con respecto al de 1983. "Una modificación muy importante fue que Baleares se declaró por vez primera nacionalidad histórica", destaca. Así se recoge en el artículo primero del nuevo texto. Otra novedad muy significativa fue que se desligaba totalmente la figura del diputado insular del Consell de la del diputado autonómico del Parlament.
Hasta entonces, no cabía la posibilidad de que pudiera haber candidaturas diferenciadas en cada partido para poder acceder a una u otra institución, por lo que cada diputado insular electo del Consell era también al mismo tiempo diputado autonómico en la Cámara regional, si bien existía un mecanismo de renuncias que permitía a los electos pertenecer sólo al Consell o sólo al Parlament. "Hay que recordar que originariamente no había listas separadas para elegir a los representantes de ambas instituciones, mientras que a partir de 2007 hubo ya en cada partido unas listas electorales específicas para el Parlament y otras para cada Consell", corrobora Marimon.
La estructura de los consells insulares también se modificó, tal como consta en varios artículos, en especial en el setenta y dos, que afirma que "en las competencias que son atribuidas como propias a los consells, estos ejercen la potestad reglamentaria". A partir de ese redactado se puede deducir, según señala Marimon, que "en Baleares empezó a haber una especie de cuatro mini gobiernos, aparte del Govern". En ese contexto, cabe recordar que Formentera pasó a tener también por fin un Consell insular propio, pues hasta aquel momento sólo había existido para las Pitiusas el denominado Consell de Ibiza y Formentera.
Por lo que respecta a las nuevas funciones que se atribuían al presidente —o presidenta— del Govern, el texto de 2007 establecía que la máxima autoridad del Archipiélago estaba facultada para poder disolver el Parlament y convocar elecciones, una opción que antes no tenía. "El presidente del Govern, previa deliberación del Consell de Govern y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución del Parlamento de las Illes Balears con anticipación al plazo natural de la legislatura", afirma el artículo cincuenta y cinco sobre este punto.
EL ESTATUT ORIGINARIO
El primer Estatut de Baleares había entrado en vigor el 1 de marzo de 1983, tras la publicación ese mismo día en el BOE de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. Aquel Estatut pionero sería modificado a fondo casi un cuarto de siglo después, tal como han recordado ahora Huguet y Marimon, a través de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
El año pasado se cumplieron, precisamente, cuatro décadas de la aprobación del Estatut de 1983, después de un largo y complejo proceso legislativo previo. Ese dificultoso camino se había iniciado, de algún modo, el 4 de junio de 1977, cuando la mayoría de partidos políticos isleños de la época firmaron el denominado 'Pacto Autonómico', por el que se comprometían a intentar lograr para Baleares su primer Estatut. Sólo dos semanas después, el 15 de junio, se celebraron en España las primeras elecciones generales democráticas desde las de febrero de 1936. La victoria fue entonces para la UCD, que lideraba Adolfo Suárez.
En aquellas fechas tan ilusionantes y esperanzadoras, la sociedad civil balear se empezó a movilizar también en la misma dirección. Así, el 29 de octubre de 1977 tuvo lugar en Palma una gran manifestación bajo el lema 'Per l'Autonomia', en la que participaron más de 20.000 personas. Aún en 1977, los diputados de Baleares que habían sido elegidos en las elecciones generales del 15 de junio aprobaron el 'Proyecto de régimen transitorio para la autonomía de las Islas Baleares', en un acto que tuvo lugar el 12 de diciembre.
Con la llegada de 1978, se dieron nuevos pasos en esa incipiente andadura descentralizadora. Así, los mencionados diputados isleños aprobaron el contenido del Real Decreto Ley 18/1978, de 13 de junio, en el que se fijaba la estructura del régimen preautonómico. Este decreto posibilitó la creación del Consell General Interinsular —antecedente directo del Govern— y de los consells insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza-Formentera.
El Consell General Interinsular se constituyó formalmente el 28 de julio de 1978, en el Castell de Bellver. Su primer presidente sería Jeroni Albertí, que entonces era senador y miembro de UCD, partido que abandonaría en 1982 para crear Unió Mallorquina (UM). Albertí fue, además, una figura clave en la política balear hasta principios de los años noventa. Retirado desde entonces de la política activa, falleció el pasado mes de febrero, a los 96 años de edad.
UN PROCESO COMPLEJO
Para que Baleares y otras regiones españolas pudieran seguir avanzando en su senda hacia la obtención de un mayor reconocimiento territorial, se hacía imprescindible que España contase con una Constitución, que, entre otras cosas, determinaría las condiciones y los límites del futuro Estado autonómico. Tras meses de intenso debate en el Congreso y en el Senado, la nueva Carta Magna sería aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y ratificada mayoritariamente en referéndum el 6 de diciembre de aquel año.
Tras la aprobación de la Constitución, el 1 de marzo de 1979 hubo de nuevo elecciones generales, con una nueva victoria de la UCD. Un mes después, el 3 de abril, se celebraron elecciones municipales. Estos comicios locales tuvieron una importancia decisiva para que Baleares pudiera dar un paso más en su camino hacia la autonomía, pues no sólo se eligieron entonces los alcaldes y los ediles de las distintas corporaciones municipales, sino también los representantes de los consells de Mallorca, de Menorca y de Ibiza-Formentera.
En sentido estricto, aquellos fueron literalmente los primeros comicios preautonómicos que se vivieron en Baleares, aunque a la postre fueron también los últimos en el marco de ese provisional nivel representativo, pues las elecciones regionales que se celebrarían en Baleares cuatro años después —en 1983— serían ya plenamente autonómicas.
El primer presidente del Consell de Mallorca tras los mencionados comicios locales del 3 de abril de 1979 fue también Jeroni Albertí. De ese modo, a partir de 1979 y hasta 1982 Albertí presidió al mismo tiempo tanto el Consell General Interinsular —por elección indirecta— como el Consell de Mallorca —por elección directa—. Una de las particularidades del Consell General Interinsular fue, precisamente, que sus integrantes y sus dos únicos presidentes —Jeroni Albertí y Francesc Tutzó— fueron elegidos siempre de forma indirecta a lo largo de los cinco años de existencia de este órgano.
Con la nueva Constitución española y las instituciones preautonómicas ya en marcha, había llegado el momento de empezar a redactar el anteproyecto del primer Estatut de Baleares. Esta labor recayó sobre la denominada 'Comissió dels Onze', que se constituyó en junio de 1980 y que estaba conformada por cuatro miembros de UCD, dos del PSOE, uno del PCE, uno de AP, uno del PSM, uno del Partit Socialista de Menorca y un independiente por Ibiza y Formentera.
LA ETAPA DEFINITIVA
Tal como estaba previsto, en abril de 1981 la 'Comissió dels Onze' entregó al Consell General Interinsular un primer anteproyecto o borrador de lo que debería ser el futuro Estatut. Sin embargo, la falta de consenso entre los propios miembros de dicha comisión sobre algunos puntos, como la lengua o la bandera, provocó que Albertí decidiera disolver la 'Comissió dels Onze' un mes después.
En ese contexto, en el verano de 1981 UCD y PSOE llegaron a un acuerdo acerca de cuál debería ser el texto definitivo del primer Estatut, que finalmente fue elaborado por la denominada 'Asamblea de parlamentarios y consejeros interinsulares' los días 4, 6 y 7 de diciembre de 1981. Dos semanas después, el 16 de diciembre de 1981, el proyecto del Estatut fue presentado en el Congreso de los Diputados.
Al no ser Baleares una comunidad de las denominadas históricas, había iniciado el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución, que era una vía algo más lenta y que establecía un menor nivel competencial que la vía del artículo 151, que sólo siguieron Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía. En el caso de Baleares, la conclusión del proceso autonómico se demoró, además, algo más de lo esperado en un principio, al quedar paralizada temporalmente la tramitación del Estatut en las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para el 28 de octubre de 1982.
Dichos comicios supusieron la victoria del socialista Felipe González por mayoría absoluta, la práctica desaparición de la UCD y el ascenso hasta el segundo lugar de la coalición AP-PDP, liderada por Manuel Fraga. Una vez constituido ya el nuevo Parlamento, los trámites para la aprobación del Estatut se aceleraron de manera significativa, hasta llegar al 22 de febrero de 1983, en que dicho texto fue definitivamente aprobado en el Congreso con 206 votos a favor, uno en contra y 97 abstenciones. En aquellas fechas entraron también en vigor los estatutos de Madrid, Extremadura y Castilla y León, que, junto con el de Baleares, fueron los últimos en ser aprobados.
Con posterioridad, el 8 de mayo de 1983, se celebraron una nuevas elecciones municipales en el conjunto de España y las primeras ya plenamente autonómicas en 13 comunidades, incluida Baleares. La candidatura de Gabriel Cañellas por AP-PDP-UL y la de Fèlix Pons por el PSOE obtuvieron el mismo número de diputados, 21 en total. En aquel contexto, la UM de Jeroni Albertí, que había logrado seis escaños, decidió apoyar a Cañellas en la investidura. De ese modo, el 10 de junio Cañellas se convirtió en el primer presidente autonómico de Baleares. En aquel día histórico nacía el Govern como tal y al mismo tiempo desaparecía el Consell General Interinsular.
A lo largo de estos cuarenta y un años, Baleares ha tenido siete presidentes autonómicos. En concreto, Gabriel Cañellas, Cristòfol Soler, Jaume Matas, Francesc Antich, José Ramón Bauzá, Francina Armengol y Marga Prohens, quien hace poco acaba de cumplir un año en el cargo. Con sus aciertos y sus errores, todos ellos han contribuido a consolidar nuestra autonomía y a que gane en autoestima y en confianza. Pero nada de ello hubiera sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de quienes elaboraron el Estatut de 1983 y posteriormente el Estatut de 2007. Como escribiera el gran poeta inglés Alfred Tennyson, nunca es tarde para hacer un mundo mejor "si en el empeño ponemos coraje y esperanza".
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