El transporte público interurbano por carretera —TIB— vive en Baleares un conflicto laboral que exige soluciones inmediatas. Tras dos jornadas de huelga, las consecuencias empiezan a notarse en la movilidad de residentes y turistas, precisamente en el pico de la temporada alta. No se trata de un problema menor: las Islas no pueden permitirse, ni social ni económicamente, un conflicto enquistado en un servicio esencial para el día a día de miles de ciudadanos y visitantes.
Las reivindicaciones de los trabajadores, agrupados en el sindicato SATI, son legítimas. Reclaman la actualización de las tablas salariales y una revisión de las condiciones laborales, en especial de los descansos. Son peticiones vinculadas a un convenio colectivo que, como ocurre en muchos sectores, ha quedado desfasado por el alza del coste de la vida y las nuevas exigencias del mercado laboral.
Pero también son comprensibles las posiciones de la patronal, la Federación de Transportes de las Islas Baleares, que advierte de que no hay más margen para una subida salarial superior a la ofrecida en la mesa de negociación, dado que están atados por los contratos de la concesión. Superar ese margen comprometería la viabilidad económica del servicio.
Es imprescindible que tanto el comité de huelga como las empresas concesionarias asuman su responsabilidad y exploren todas las vías de acuerdo, sin maximalismos y con la voluntad real de pactar
Ambas partes tienen argumentos sólidos, pero ninguno justifica un bloqueo que solo genera frustración, crispación social y un perjuicio directo a la economía balear. Por eso, es imprescindible que tanto el comité de huelga como las empresas concesionarias asuman su responsabilidad y exploren todas las vías de acuerdo, sin maximalismos y con la voluntad real de pactar.
El Govern balear no puede permanecer al margen. Como institución que gestiona el servicio y como garante del interés general, debe facilitar —y si es preciso liderar— un acuerdo que restablezca la normalidad y la paz social en el sector cuanto antes.
Los ciudadanos y los turistas merecen un servicio eficiente y estable, y los trabajadores unas condiciones justas. Con voluntad, diálogo y responsabilidad, el acuerdo es posible. Y urgente.
