El Govern de les Illes Balears redactará una ley de atención a las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar y ampliar los derechos de este colectivo. Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.
Fernández ha explicado que la futura norma pretende consolidar un modelo de atención a la discapacidad que ya es “referente en España y Europa”, especialmente en el ámbito laboral, y que busca reforzar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Según la consellera, el proyecto ya se ha trasladado a las entidades sociales, que lo han recibido con una “gran acogida”, y el Ejecutivo espera contar con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.
Durante su intervención, Fernández ha repasado las principales líneas de actuación de su departamento hasta el final de la legislatura, basadas en tres ejes: simplificar los procedimientos administrativos, eliminar duplicidades y ganar tiempo para atender mejor a las personas.
La consellera ha insistido en que el objetivo es un sistema de servicios sociales “ágil, eficaz y más humano”, centrado en el acompañamiento y el apoyo individualizado.
Entre los proyectos destacados, ha mencionado los planes de conciliación familiar, la ampliación de la red de emancipación para jóvenes tutelados, la mejora de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi) y nuevas medidas contra la LGTBI-fobia.
Asimismo, ha avanzado una revisión en seis meses de los cobros indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga) y la próxima convocatoria de 12,7 millones de euros para las tarjetas monedero destinadas a ayudas alimentarias.
El Govern también prevé un plan de inversiones para la inclusión social dotado con 32 millones de euros para el periodo 2025-2034, destinado a entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajen con personas en situación de vulnerabilidad.
En el turno de los grupos parlamentarios, PSIB, Vox, MÉS y Unidas Podemos interpelaron a Fernández sobre cuestiones como los plazos de valoración de la dependencia, el funcionamiento de los centros de menores o las políticas de migración.
En su réplica, la consellera aseguró que el plazo de seis meses para las valoraciones de dependencia se cumplirá al final de legislatura, que el centro de crisis para víctimas sexuales en Ibiza abrirá en las próximas semanas y que el plan de infraestructuras se presentará antes de final de año.
Fernández también defendió la labor del tercer sector frente a las críticas de Vox, afirmando que su colaboración es “imprescindible” y motivo de “orgullo” para el Govern. En cuanto a la migración, reconoció que la crisis migratoria tiene un “efecto negativo” en Baleares y acusó al Gobierno central de “no afrontarla”, reclamando una migración regular y ordenada ante un “drama humanitario” que las islas “no pueden asumir solas”.
