Aunque muy probablemente es un mito, se dice que en otra época la Península Ibérica fue un paraíso forestal y que una ardilla podía cruzar la península de norte a sur sin tocar suelo. Suena un poco exagerado. Lo que es absolutamente seguro es que hoy en día lo tocaría constantemente. Y la situación va a peor… Este verano de 2025 ha sido el peor en décadas para España. Se han quemado casi 400.000 hectáreas de territorio, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, elevando la temporada a niveles históricos.
"Este verano de 2025 ha sido el peor en décadas para España"
La tragedia no solo ha dejado paisajes arrasados, también vidas —cuatro personas fallecidas— y comunidades autónomas en emergencia. Las zonas verdes se queman; los distintos gobiernos (fundamentalmente estatal y CCAA) intentan quemarse o desgastarse los unos a los otros; la ciudadanía, por su parte, ya está quemada.
Esta es la historia de una catástrofe anunciada: España arde por la inacción administrativa. En efecto, este verano negro era predecible. Un verano que ha pasado a la historia como el más devastador en cuanto a incendios forestales desde 1994, con aproximadamente 393.000 hectáreas calcinadas, si sumamos lo que va de año. Lo que debería alarmarnos no es solo la magnitud de esta tragedia, sino que era totalmente predecible.
Los expertos llevan años advirtiendo sobre el abandono rural, la acumulación de biomasa y la falta de gestión forestal sostenible, pero las administraciones competentes han optado por la inacción sistemática, en la que destaca una alarmante falta de coordinación y, una vez más, la politización de los problemas.
"Los expertos llevan años advirtiendo sobre el abandono rural, la acumulación de biomasa y la falta de gestión forestal sostenible"
Los datos hablan por sí solos: 52 grandes incendios han quemado de media 7.000 hectáreas cada uno, 3.000 más que la media de los peores fuegos de años anteriores. Esto no es casualidad, es la consecuencia directa de décadas de negligencia administrativa y políticas forestales inexistentes.
Pero más allá de la mala gestión política del momento, cabe reconocer que el fracaso de las administraciones públicas es estructural. La Constitución Española es clara: las comunidades autónomas tienen competencias plenas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Sin embargo, el ejercicio de estas competencias ha sido tremendamente mejorable. La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha abierto investigaciones por la deficiencia de las medidas de prevención, y no es casualidad que muchos de los municipios más afectados carezcan de planes de prevención obligatorios por ley.
Y, como siempre, los ayuntamientos son el eslabón más débil de una cadena rota. Mientras otras instancias ignoran sistemáticamente la gestión forestal preventiva, los ayuntamientos, especialmente los rurales, se enfrentan a una misión imposible con recursos ridículos. Como reconoce el alcalde de Carballedo: "Somos el hermano pequeño de la administración. Hacemos lo que podemos, pero no tenemos recursos". Esta realidad contrasta con la enorme responsabilidad legal que recae sobre ellos: deben elaborar y ejecutar planes anuales de prevención y extinción de incendios, pero es un hecho que carecen de medios para hacerlo eficazmente.
Sin embargo, el colmo de la negligencia administrativa se encuentra en el Gobierno central, que todavía no ha aprobado el real decreto que establece los criterios comunes para que las comunidades autónomas elaboren sus planes de prevención, una norma que debía estar lista hace tres años. Esta desidia burocrática tiene consecuencias letales: mientras los políticos se dedican a la retórica y las excusas, España arde, metafórica y literalmente.
"El colmo de la negligencia administrativa se encuentra en el Gobierno central, que todavía no ha aprobado el real decreto que establece los criterios comunes para que las comunidades autónomas elaboren sus planes de prevención"
Pero la raíz del problema trasciende la gestión de emergencias. España sufre un abandono rural masivo que ha convertido nuestros montes en polvorines. El 80% de la superficie forestal no cuenta con políticas de gestión, y el resultado es una acumulación descontrolada de biomasa que actúa como combustible perfecto para megaincendios. El problema de fondo, por tanto, es vivir en un país que no gestiona sus bosques. Y no es solo una opinión. Los datos son escandalosos: el 72% de la superficie forestal está en manos privadas, pero solo un 6,46% está certificada con gestión forestal sostenible. Mientras tanto, la masa forestal española se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 80 años y el stock de biomasa se ha triplicado en cincuenta años, pero el aprovechamiento forestal sigue estancado.
En esta historia de villanos, los verdaderos héroes, por enésima vez, son la sociedad civil y el mundo rural. Por un lado, los agricultores y ganaderos actúan como bomberos anónimos mientras las administraciones brillan por su ausencia. Aunque es admirable, no es una buena noticia que la gente del campo sea, de facto, la primera línea de defensa contra los incendios. Con sus tractores, palas, discos y cubas de agua, crean cortafuegos estratégicos y luchan contra las llamas poniendo en riesgo sus vidas. Esta solidaridad rural contrasta brutalmente con la inacción de quienes cobran sueldos públicos para gestionar estos riesgos.
"España sufre un abandono rural masivo que ha convertido nuestros montes en polvorines"
Cabe añadir que el sector primario no solo ayuda en la extinción, sino que realiza limpiezas preventivas cortando arbolado y hierba alta, una labor que debería estar coordinada y financiada por las administraciones competentes. A esa buena labor debemos añadir la generosidad las personas voluntarias, que siempre aparecen como el ejemplo de lo que deberían hacer las instituciones. En este caso, los más de 2.000 voluntarios que se han organizado espontáneamente a través de canales de WhatsApp y páginas web demuestran lo que la sociedad civil puede hacer cuando las instituciones fallan.
Estos ciudadanos anónimos coordinan ayuda material, alojamiento y apoyo logístico con una eficacia que ya quisieran las administraciones públicas. Sin embargo, esta heroicidad ciudadana tiene un coste humano dramático: 2025 se ha convertido en el año más letal por fallecimientos en incendios forestales desde 2017, con al menos siete víctimas mortales, muchas de ellas voluntarios que suplieron con su vida la negligencia administrativa. Esto es sencillamente inaceptable.
En cuanto a las medidas preventivas, que en nuestro discurso siempre anteponemos a las reactivas, apostamos una vez más por esa tecnología que existe pero que las administraciones ignoran. Los sistemas de detección temprana son/serán una revolución pendiente. En efecto, existe tecnología probada que puede revolucionar la prevención de incendios.
El proyecto implementado en el municipio de Alzira (Valencia) hace ya más de una década, demostró que un sistema de sensores y cámaras puede detectar incendios con 3 a 5 veces más rapidez que los métodos tradicionales. Esta tecnología no es ciencia ficción: sensores de temperatura, humedad, gases y cámaras con inteligencia artificial pueden identificar focos en menos de una hora, cuando otros sistemas tardan hasta tres horas.
Y funciona. La tecnología IoT permite desplegar redes de sensores de bajo coste y bajo consumo que monitorizan en tiempo real los parámetros meteorológicos que determinan el riesgo de incendio. Sistemas como el implementado en Olocau han demostrado su capacidad para prever el riesgo con hasta 10 días de anticipación y detectar focos en tiempo real.
Por otra parte, las constelaciones de satélites específicamente diseñadas para la detección de incendios, como el proyecto FireSat de Google o las iniciativas de Rocket Lab, pueden proporcionar vigilancia continua global. La combinación de imágenes satelitales, cámaras infrarrojas y algoritmos de inteligencia artificial permite identificar humo y llamas en sus primeros segundos de desarrollo.
Pero más allá de la tecnología, necesitamos una política de prevención a escala de paisaje que adapte el territorio para hacerlo menos inflamable. La gestión forestal preventiva aparece como la verdadera solución estructural. Esto implica abordar los siguientes aspectos inaplazables:
- Diversificación de paisajes forestales rompiendo la homogeneidad actual.
- Recuperación del tradicional paisaje en mosaico con pastizales y cortafuegos naturales.
- Gestión activa de la biomasa mediante aprovechamientos forestales sostenibles.
- Incentivos fiscales para propietarios forestales que mantengan sus montes.
En conclusión, estamos pagando un alto precio, el precio de la negligencia. Podemos decir que España arde porque hace mucho calor debido al cambio climático o, sin duda, porque esos malnacidos de los pirómanos disfrutan matando el planeta que les da de comer. Y no sería un análisis falso, pero sí muy incompleto. Y es que, además, también arde porque sus administraciones han optado por la gestión reactiva frente a la prevención inteligente.
Mientras los responsables políticos se dedican a ejercicios de propaganda y traslado de culpas, la sociedad civil y el mundo rural demuestran con su sangre y su esfuerzo lo que significa asumir responsabilidades. Las 393.000 hectáreas calcinadas y las siete vidas perdidas en 2025 son el precio que pagamos por décadas de negligencia administrativa. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento y tenemos ejemplos de buenas prácticas. Lo que nos falta son administraciones públicas que asuman sus competencias con la seriedad que merecen nuestros bosques y nuestras vidas.
La prevención de incendios no es una opción, es una obligación legal y moral. Cada verano que pasa sin implementar estas medidas es una declaración de guerra contra nuestro patrimonio natural y contra la seguridad de nuestros pueblos. Ya no hay excusas: la tecnología existe, las soluciones están identificadas. Solo falta voluntad política para implementarlas.
Víctor Almonacid Lamelas
