Hay momentos en los que uno no sabe si está viviendo en un país desarrollado o en un decorado de cartón piedra que se desmorona con la primera gota de lluvia. Los últimos dieciocho meses en España parecen una sucesión de catástrofes "inesperadas", "extraordinarias" e "imprevisibles" que, casualmente, siempre nos pillan con los deberes sin hacer, los sistemas de prevención dormidos y los responsables mirando hacia otro lado hasta que la tragedia ya es irreversible.
238 muertos por la DANA de Valencia en octubre de 2024. Un apagón generalizado que dejó a 30 millones de personas sin luz durante horas el 28 de abril de 2025. 43 muertos en el accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero de 2026. Y mientras escribo estas líneas, dos más: Red Eléctrica nos avisa de "riesgo moderado" de nuevos apagones para este invierno 2025-2026 y Adif limita preventivamente la velocidad del AVE Madrid-Barcelona porque, oh sorpresa, hay "vibraciones anómalas" en la misma vía que los maquinistas llevan meses denunciando. Ahora resulta que hay vibraciones. No, espera, ya las había…
¿De verdad vamos a seguir llamando a esto "mala suerte"? ¿O es hora de llamarlo por su nombre: pésima gestión? La negligencia institucional se ha convertido en algo sistémico.
Empecemos por Valencia. El 29 de octubre de 2024, una DANA arrasó la provincia dejando 230 muertos (más 11 casos en estudio que podrían elevar la cifra a 241). La Agencia Estatal de Meteorología había activado el nivel rojo por "riesgo extraordinario". Los vecinos recibieron el mensaje Es-Alert... cuando ya habían muerto 155 personas. Ahora, por cierto, lo recibimos cada vez que se avecinan lluvias moderadas. ¿Es estrictamente necesario o es que alguien tiene cargo de conciencia?
Permítanme repetirlo: cuando la Generalitat Valenciana envió la alerta al móvil de los ciudadanos rogando que evitaran desplazamientos, más de la mitad de las víctimas ya estaban muertas. Ahogadas en sus casas, en garajes, en calles convertidas en ríos. El 60% de los fallecidos murió en el interior de edificios. No “les pilló fuera de casa en un descuido”; les pilló donde creían estar seguros, porque nadie les avisó a tiempo de que debían ponerse a salvo.
¿Fue "imprevisible" la DANA? No. Llámenla inevitable pero no imprevisible. La Aemet llevaba días avisando. ¿Fue "inevitable" la magnitud de la catástrofe? Tampoco. Sistemas de drenaje obsoletos, barrancos urbanizados sin criterio, protocolos de alerta ciudadana que funcionan a velocidad de burócrata jubilado, y ¿responsables? políticos más preocupados por no alarmar (léase: no asumir responsabilidades) que por salvar vidas.
Y lo peor: un año después, seguimos sin haber aprendido la lección. La borrasca de finales de diciembre de 2025 volvió a activar alertas rojas en Andalucía, Murcia y Valencia. Carreteras anegadas, casas destrozadas, evacuaciones preventivas... y el fantasma de la DANA de 2024 planeando sobre cada gota de lluvia. Porque ahora la ciudadanía sabe que cuando llueve fuerte en España, no hay paraguas institucional que nos proteja.
Ahora la ciudadanía sabe que cuando llueve fuerte en España, no hay paraguas institucional que nos proteja
Menos trágico, pero casi igual de indignante, fue el apagón que Red Eléctrica vio venir (pero no evitó) el 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas para ser exactos. A partir de ese instante, en cinco segundos, 15.000 megavatios de energía eléctrica se desconectaron del sistema español. El 60% de la producción del país. España, Portugal, Andorra y parte del sur de Francia se quedaron a oscuras durante horas.
¿Fue un rayo? ¿Un meteorito? ¿Un ciberataque alienígena? No. Fue una "causa multifactorial" —palabrita mágica que usan los informes oficiales cuando no quieren señalar culpables concretos— derivada de "oscilaciones de frecuencia mal amortiguadas, programación deficiente del sistema eléctrico, respuestas incorrectas de algunas plantas generadoras". ¿Qué mejor manera hay de tomar por tontos a los ciudadanos que hacer que ellos mismos se sientan idiotas abrumándoles con un galimatías aparentemente técnico?
La traducción para humanos de aquella verborrea era la siguiente: Red Eléctrica de España (REE) gestionó mal el sistema, las grandes compañías eléctricas no respondieron correctamente, y el Gobierno no había tomado medidas preventivas pese a que el organismo europeo ENTSO-E llevaba tres años avisando del riesgo. En su informe ERAA de 2022, ENTSO-E otorgaba a España un riesgo de apagón de 6,7 horas para 2025. En 2024, el propio informe de REE advertía del peligro de "desconexiones de generación por elevada penetración de renovables sin capacidades técnicas necesarias".
¿Alguien hizo algo? No, o no lo suficiente, porque es un hecho que el apagón se produjo. También dijeron que fue algo muy raro, “muy multifactorial”. Pero ahora, nueve meses después, nos vuelven a avisar: "riesgo moderado de apagones para el invierno 2025-2026". Con un matiz terrorífico: "alto nivel de incertidumbre". Ah, y de paso, nos han subido la factura de la luz en 530 millones de euros en 2025 para pagar las medidas de emergencia adoptadas tras el apagón. Porque, claro, los fallos en la gestión siempre los pagamos los ciudadanos.
Por último, el tema que por desgracia está de actualidad es el de los “trenes que descarrilan en vías recién renovadas”. Vaya por delante mi pésame a los familiares de las personas fallecidas en el accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero de 2026. Recordemos que un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló en sus tres últimos vagones, invadiendo la vía contigua y chocando frontalmente con un Alvia que viajaba de Madrid a Huelva. 42 muertos (en el momento de redacción de este artículo), 122 heridos, 12 de ellos en la UCI. La peor tragedia ferroviaria en España desde el accidente de Angrois en 2013.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, declara que es un accidente "tremendamente extraño" porque ocurrió en una vía "completamente renovada" gracias a nada menos que 700 millones de euros de inversión. Sistema de señalización actualizado, traviesas nuevas, catenarias reforzadas. Todo nuevo, todo perfecto. Y, una vez más, ha pasado algo muy extraño, que nadie se explica. Hay que ver la de veces que pasan cosas raras cuando se hacen mal las cosas. O quizá se hacen bien y es pura mala suerte, como dice el Ministro.
Pero es poco probable que haya habido una buena gestión cuando los maquinistas llevan meses avisando de "anomalías por vibraciones, oscilaciones y otras incidencias" cuando el tren circula a máxima velocidad. Algunos ya habían decidido reducir la velocidad por iniciativa propia. Pero nadie les hizo caso. Hasta que el domingo 18 de enero, un tren descarriló y ya sabemos las consecuencias.
No me hablen de inversiones para tirar balones fuera, porque si son inversiones hechas para cubrir el expediente (nunca mejor dicho), el efecto es el mismo que si no se hubieran hecho. Lo que no funciona no funciona. El dinero público no se gasta para justificar una actitud activa en una rueda de prensa; se gasta para solucionar problemas. Algo se hizo mal en esos contratos de mantenimiento ferroviario. Es un hecho irrefutable. Y será mejor que no hable de contratación pública en esta ocasión, por la cercanía de la desgracia y el debido respeto a quienes sí lo merecen.
Algo se hizo mal en esos contratos de mantenimiento ferroviario. Es un hecho irrefutable
A posteriori (siempre a posteriori), Adif decide "preventivamente" limitar la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 160 km/h en un tramo de 150 kilómetros por "el estado de la vía". Muy bien: dos días después del accidente. Han tenido que morir 42 personas para que se tomen las medidas oportunas para que, gracias querido Estado, en el mejor de los casos no fallezcan muchas más. Una administración que no previene es una pésima administración. ¿Cómo puede ser todo tan inesperado, raro y sorprendente? Tenemos unos responsables públicos que se quedan estupefactos cada vez que sucede una catástrofe.
Pero la cosa no acaba ahí. El martes 20 de enero, dos trenes de Rodalies descarrilan en Cataluña tras la caída de un muro de contención por temporal. Muere un maquinista. 400.000 usuarios se quedan sin transporte. El Sindicato Español de Maquinistas pide paralizar Rodalies "hasta nuevo aviso" porque la red no es segura. Si los maquinistas dicen que la red no es segura yo les creo,
¿De verdad todo esto es imprevisible? ¿Es mala suerte? ¿O llevamos años infrainvirtiendo en mantenimiento y prevención mientras inauguramos vías "de alta velocidad" que vibran como lavadoras estropeadas? Si colocamos las ruedas de la bicicleta en un Ferrari, ¿qué podría salir mal?
Llegados a este punto, uno podría considerar que, como dicen los políticos, quizá estamos ante una racha de mala suerte cósmica. Pero cuando analizas los casos con frialdad, emerge un patrón común tan evidente que duele:
- Los sistemas de alerta y prevención existen, pero no se activan a tiempo (DANA de Valencia: alerta cuando ya había 155 muertos).
- Los organismos técnicos advierten de los riesgos con años de antelación, pero nadie toma medidas (ENTSO-E avisó del riesgo de apagón en 2022; REE en 2024).
- Los profesionales de primera línea (maquinistas, meteorólogos, técnicos) alertan de problemas concretos, pero se les ignora sistemáticamente (maquinistas denunciando vibraciones meses antes del accidente de Adamuz).
- Solo se actúa cuando la tragedia ya ha ocurrido (limitar velocidad del AVE dos días después de 42 muertos; enviar alertas a diestro y siniestro porque llueve).
- Los responsables institucionales hablan de "causas multifactoriales", "sucesos extraordinarios" y "investigaciones en curso", pero nunca dimite nadie porque uno no es responsable de la mala suerte.
- Los costes de la negligencia los paga siempre la ciudadanía: en vidas (238+42=280 muertos en 15 meses), en dinero (530 millones más en la factura de la luz), en inseguridad (400.000 usuarios sin transporte, avisos de nuevos apagones.
Nunca dimite nadie porque uno no es responsable de la mala suerte
El patrón común, como vemos, es una negligencia sistémica. Es la Administración del "ya veremos qué pasa". Y lo más grave: esta negligencia institucional nunca tiene consecuencias para los responsables. A lo sumo, consecuencias políticas, y no siempre. La responsabilidad administrativa, la patrimonial y, sobre todo, la penal, para los ciudadanos de a pie. A usted no le van a perdonar la multa por pisar 3 centímetros el paso de cebra con su vehículo estacionado, y ni se le ocurra cometer un error, aunque no sea intencionado, en la Declaración del IRPF, porque Hacienda no hace prisioneros, salvo en unas pocas pero llamativas ocasiones.
En España hemos normalizado la impunidad de la incompetencia. Tras la DANA de Valencia, ¿dimitió alguien por enviar la alerta tres horas tarde? No, por eso no. Tras el apagón de abril de 2025, ¿dimitió algún directivo de REE o algún responsable del Ministerio? No. Tras el accidente de Adamuz, ¿ha dimitido algún responsable de Adif o del Ministerio por ignorar las advertencias de los maquinistas? No. Y para no dimitir se amparan en eufemismos que les exculpan. Los muertos se convierten en "víctimas de una tragedia", los fallos técnicos en "causas bajo investigación", y los responsables en "gestores que hicieron todo lo posible en circunstancias excepcionales".
Tras el apagón de abril de 2025, ¿dimitió algún directivo de REE o algún responsable del Ministerio? No
Es la “política de la excusa” y, hablando de gestión, la "cultura del parche", que consiste en no invertir en prevención, mantenimiento y planificación a largo plazo, sino en ir poniendo parches cuando las cosas ya han explotado. Es más barato (a corto plazo) no limpiar barrancos, no reforzar redes eléctricas, no revisar exhaustivamente vías ferroviarias. Hasta que pasa lo que tiene que pasar. Y entonces gastamos el triple en reparar lo destruido, indemnizar a las víctimas y "reforzar los sistemas" que deberíamos haber reforzado hace años.
Llevamos décadas gestionando infraestructuras críticas con mentalidad de "salir del paso", adjudicando contratos importantes a Pepe Gotera y Otilio, y desoyendo completamente a los técnicos y expertos imparciales que saben y advierten… Ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Por cuánto tiempo? La respuesta es evidente: hasta que dejemos de consentirlo.
Víctor Almonacid Lamelas
