La diferencia entre el término ‘inmigración’ y ‘emigración’ es por todos conocida, el primer término define la llegada a un país extranjero para radicarse en él y el segundo el abandono del país propio para establecerse en otro. Esta distinción tan necesaria para analizar los fenómenos migratorios en un país de referencia (en nuestro caso España), parece ser ignorada continuamente por los creadores del relato oficial.
Tampoco es lo mismo definir un fenómeno como ‘irregular’ —lo que está fuera de regla o es contrario a ella— que ‘ilegal’ —contrario a la ley— dado que nuestro sistema democrático exige que una norma con rango de ley deba ser aprobada en un parlamento, que representa a todos los ciudadanos, situándola en un nivel de exigencia muy superior al de una ‘regla’ cualquiera.
En los últimos años las Islas Baleares se han convertido en una ruta consolidada con miles de personas que entran en nuestro país y resto de Europa provenientes de Argelia, mediante un incumplimiento reiterado de lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Por tanto -y siendo España el país de referencia sobre el que estudiamos los efectos del fenómeno migratorio-, el uso correcto del lenguaje nos llevaría a referirnos a ello como ‘inmigración ilegal’.
Pero en lugar de ello, observamos como la mayoría de los políticos de nuestro país —y por extensión los medios de comunicación— evitan emplear esa expresión sustituyéndola sistemáticamente por ‘migración irregular’. Este hecho encaja en la definición de eufemismo que nos dicta la RAE: ‘manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante’
Y ciertamente ‘inmigración ilegal’ es hoy una expresión dura y malsonante para quienes defienden el estado de derecho como garantía de convivencia democrática, no ya por tratarse de una transgresión de la ley española de extranjería —aprobada por el PSOE en tiempos de Zapatero, por cierto— sino por otras causas que son aún más graves teniendo en cuenta que sólo caben tres vías fácticas —y no necesariamente legales— para que un extranjero pueda residir en nuestro país: (1) llegar con un permiso de residencia, (2) llegar con un permiso para visitar España y no abandonar el territorio nacional en un plazo máximo de 90 días, pasando a estar en situación ‘irregular’ y (3) llegar a España sin ningún permiso -ni para residir, ni para visitarnos-, lo cual requiere la entrada de forma ilegal y sin identificación. Esta última es, precisamente, la fórmula empleada por las mafias de tráfico de personas que actúan en el Mediterráneo y la causa que mejor justifica el merecido desprecio que la mayoría de los españoles profesamos hacia la ‘inmigración ilegal’ (con todas las letras)
Ese sucio negocio consiste en arriesgar vidas ajenas embarcándolas en un viaje que en numerosos casos acaba en muerte por ahogamiento —sólo por eso y al margen de consideraciones legales, ya sería digno de reproche en cualquier sociedad civilizada, exista o no una ley que lo impida— Pero más perversos son aún los oscuros intereses a los que sirven esas mafias, consistentes en importar a Occidente altas dosis de delincuencia, camuflada entre miles de ingenuos indocumentados que se dejan embaucar de buena fe, por desconocimiento o incultura. Y este hecho es el que verdaderamente atenta contra los pilares de nuestro estado de derecho, teniendo en cuenta que Argelia es un país exportador de integrismo islámico y que los últimos datos de criminalidad, publicados por el Ministerio de Marlaska, demuestran que los delitos sexuales cometidos por extranjeros en España son, proporcionalmente, cinco veces superiores a los cometidos por nacionales.
Y por si no tenemos suficiente, existe otra causa aún más vergonzosa para los amantes del eufemismo de moda, que es la inadmisible inacción del gobierno del Estado, cuya máxima función es la ejecución de las leyes, es decir, cumplirlas y hacerlas cumplir.
La deliberada desprotección de nuestras fronteras por el gobierno de España arroja un saldo de 258.615 personas indocumentadas que han entrado en España en los últimos 6 años, según datos del Ministerio del Interior. Una dejación de funciones que ha ocasionado un problema de seguridad nacional por el empeño de hacer de cada desgracia una nueva oportunidad para pervertir el lenguaje y el mensaje, transmitiendo falsos relatos que, disfrazados de un buenismo pueril y absurdo, intenten ganar adeptos entre los sufridos votantes.
Podríamos preguntarnos por qué las mafias eligen la tercera vía para introducir en España a cientos de miles de indocumentados, por qué no acuden a la posibilidad de gestionar una entrada legal en España (aún con la intención de no coger nunca el avión de vuelta, como ocurre con personas en situación irregular provenientes de América), teniendo en cuenta el alto coste del viaje para los incautos que acceden a ello —en el caso de Baleares los pasajes pueden oscilar entre los 5.000 y los 10.000 euros por persona, un precio muy superior a lo que costaría un billete de avión de ida y vuelta con estancia en hotel pagada, incluso en la temporada alta, usando un visado de turista—. La respuesta es obvia, entrar en España con el pasaporte entre los dientes no es una opción para quienes vienen a reventar las libertades en Occidente.
Algunos insisten en que es posible la convivencia cultural pacífica, como ocurre en otros países, pero ignoran la radicalización de la cultura que importamos, precisamente por tratarse, en buena parte, de individuos que escapan a nuestros controles de seguridad. Otros se alarman por la saturación de los servicios públicos, aunque esa circunstancia obedece a la falta de previsión y a la mala gestión de nuestros dirigentes ante el aumento poblacional, más que al fenómeno migratorio en sí. Pero pocos hablan de lo que esconde realmente el eufemismo de la ‘migración irregular’: nos jugamos nuestra democracia y el principio de legalidad, disculpamos a un gobierno que renuncia a garantizar la seguridad nacional y renunciamos a nuestros derechos, porque sin seguridad no hay libertad.
Idoia Ribas. Abogada, politóloga y fundadora de Avanza en Libertad
