El juicio del mediático caso de Lujo Casa, que arrancó en julio y durante el cual han declarado más de un centenar de afectados, encara la recta final con las lecturas de los informes de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados, previsto para este jueves.
En la sesión de hoy, Carrau ha pedido que Carlos García Roldán, el considerado cabecilla de la trama, sea condenado a 15 años y nueve meses de prisión -tras una leve rebaja por el retraso de la causa- y ha mantenido para su socio, Michelle Pilato, diez años de cárcel, al igualar su participación en los hechos. Para el resto de los acusados, al situarlos en la consideración de cómplices, se ha rebajado ligeramente la petición inicial.
"No solo se ocultó información, sino que se falseó información sobre la propiedad del suelo, sobre la financiación, sobre los anuncios de las promociones, sobre la posesión de las licencias y sobre el inicio de las obras", ha afirmado el representante del Ministerio Público.
JURISPRUDENCIA Y LEY DE EDIFICACIÓN
El fiscal ha basado su informe, además de una múltiple jurisprudencia con referencias a macroestafas como Fórum Filatélico y Nueva Rumasa, aunque ésta última no ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, en la ley de edificación y sus sucesivas reformas que, entre otras cuestiones, regulan la figura y las obligaciones del promotor.
"Es evidente que no se cumplió la ley", ha afirmado subrayando que García Roldán, conocido el Charly, no tenía la titularidad de los solares, no informó debidamente a los clientes, no tenía licencias, e incumplió las consideraciones en relación al destino del dinero de los reservantes y la publicidad, todo contemplado y previsto en la norma.
Carrau ha insistido en que nada de lo percibido por el supuesto cabecilla se destinó a la construcción de las promociones anunciadas. "Cero euros", ha recordado que dijo en su declaración como testigo la admnistradora concursal, recordando que "no se construyó ninguna de las 32 promociones previstas".
El fiscal ha hablado de "contratos criminalizados con apariencia de legalidad", y de la intención del principal procesado de "simular su insolvencia" desde el momento en que a su juicio hubo engaño tanto antes como después de la firma por parte de los interesados.
El considerado cerebro de la macroestafa está acusado también de insolvencia punible y de blanqueo, al considerar que envió dinero al extranjero y que buscó financiación, no para pagar las deudas, sino para costearse su fuga a Colombia.
TODO ERA LO MISMO
Respecto a Michelle Pilato, el fiscal ha mantenido la petición de diez años de cárcel al considerar probada su colaboración con García Roldán y la relación "estrechísima" entre Promociones Lujo Casa y la marca comercial de Pilato, Mallorca Investment, dedicada a la venta de viviendas de segunda mano.
"Todo era lo mismo", ha afirmado el representante del Ministerio Público, recordando que muchos de los afectados no sabían diferenciar entre ambas sociedades. "Era un negocio común, era la misma cosa. El dinero cambiaba de mano de uno a otro", ha sostenido.
Según Carrau, Pilato tenía información clara de lo que estaba haciendo el otro socio, entendiendo así que hay "actos claros de connivencia".
DESPRECIO POR EL SUFRIMIENTO
El fiscal anticorrupción ha finalizado su informe pidiendo a la sala que valore también la falta de empatía, al menos respecto del principal acusado.
"Ante la situación insostenible de los afectados, se despachaba con correos mentirosos y falsarios que denotan un desprecio total por el sufrimiento y padecimiento de las víctimas", ha afirmado.
En el turno de los informes del resto de acusaciones, el letrado Tomeu Salas ha insistido en los argumentos del Ministerio Público y ha reiterado que ha quedado probado que todo fue "una construcción artificiosa para el engaño".
"Hemos visto planos, imágenes de Google y publicidad en importantes emplazamientos, pero no hemos visto ni un saco de cemento. No había nada", ha afirmado.
EL CASO
García Roldán y el resto de procesados están acusados de haber estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso en varios puntos de Mallorca.
A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas.
Con el dinero estafado a las víctimas los encausados habrían pagado salarios de trabajadores ficticios y se gastaban cantidades ingentes de dinero en restaurantes, servicios de compañía y casinos, así como joyas y vehículos.
