Imagen de un asentamiento precario en Sa Riera.
El Govern de les Illes Balears ha reafirmado su compromiso con las políticas sociales y de apoyo a las familias más vulnerables con una inversión global de 15 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Familias, Asuntos Sociales y Atención a la Dependencia, se enmarca en el refuerzo del denominado escudo social de la comunidad autónoma.
Entre 2023 y 2027, la Conselleria ha concedido 14,8 millones de euros a programas orientados a garantizar necesidades básicas, promover la inclusión social y reducir las desigualdades, en colaboración con ayuntamientos y entidades del tercer sector.
Destacan especialmente los programas de inclusión social, que reciben más de cinco millones de euros para financiar proyectos de integración, itinerarios de empleo e intervención comunitaria. Además, se destinan cuatro millones a garantía alimentaria, canalizados a través de convocatorias y subvenciones directas a entidades como el Banco de Alimentos y la Cruz Roja.
A estos fondos se suman 3,2 millones correspondientes al Plan de Financiación de los Servicios Sociales Básicos, dirigidos a medidas de urgencia social para familias con menores, al Programa VECA —que garantiza el derecho a la alimentación, el ocio y la cultura de los niños y niñas durante las vacaciones escolares— y a las prestaciones básicas de los servicios sociales municipales.
El plan incluye también ayudas contra la pobreza energética por un valor total de un millón de euros con cargo al 0,7 % del IRPF. Estos fondos, correspondientes a los periodos 2022-2024 y 2025-2027, se han destinado recientemente a cuatro proyectos de las entidades Pa i Mel, Cruz Roja, Cáritas Menorca y Cáritas Mallorca, con un importe conjunto de 494.838 euros.
La consellera de Familias, Sandra Fernández, ha defendido que este esfuerzo presupuestario “demuestra la voluntad del Govern de fortalecer el escudo social de las Illes Balears y garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante las situaciones de vulnerabilidad”.
Fernández ha subrayado además que “la lucha contra la pobreza es una tarea colectiva que requiere estabilidad, recursos y colaboración entre instituciones y entidades sociales”, y ha reiterado que el Ejecutivo autonómico “continuará trabajando para consolidar un modelo de protección sólido y cercano a la ciudadanía”.
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