El Govern presentará alegaciones al reparto en los diez días de plazo de los que dispone y, si no son aceptadas, recurrirá "a la vía judicial para que no se lleven a cabo", ha detallado Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
El Ejecutivo pedirá la suspensión cautelar de los traslados por la vía judicial, si se deniegan las alegaciones, ha precisado el vicepresidente balear.
Además, Costa ha explicado que esta misma semana han llegado a Mallorca en pateras otros 18 menores inmigrantes no acompañados, de manera que las islas acogen a más de 700 niños y adolescentes extranjeros "con muchísimas dificultades".
LA ABOGACÍA PRESENTA UN CONTENCIOSO ANTE EL SUPREMO
El Govern balear ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, aprobado el pasado 26 de agosto.
Según ha precisado el Ejecutivo balear en una nota de prensa, "la norma establece la capacidad ordinaria" del sistema de protección y tutela en cada territorio y asigna a Baleares un cupo de 406 menores. El cálculo deriva de los porcentajes fijados en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, con el que el Gobierno central busca garantizar el interés superior de la infancia en situaciones de llegada masiva de migrantes".
RESULTADO "OPACO Y ARBITRARIO"
El Govern de Prohens cuestiona de raíz el reparto. Según argumenta, el decreto carece de criterios claros y objetivos, lo que genera un resultado "opaco y arbitrario" que, en la práctica, beneficia a unas comunidades en detrimento de otras. Además, sostiene que la medida vulnera el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución.
Los informes elaborados por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia alertan de la "fuerte presión que ya soporta el sistema de acogida de menores en las islas, con especial incidencia en los niños y adolescentes migrantes que llegan sin acompañamiento". Tras examinar estos documentos, la Abogacía concluyó que el decreto es perjudicial para los intereses de Baleares.
Cabe recordar que Baleares ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, por entender que invade competencias y afecta a la autonomía financiera. Además, presentó otro recurso ante el Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula medidas específicas en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Ambos han sido admitidos a trámite.
