El exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, ha asegurado que nunca utilizó el Consistorio para decretar "por inquina y venganza" el cierre del parking de la actual primera edil Isabel Alemany (UM), una actuación que llevó a cabo de forma presuntamente irregular y por la que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida por Alemany, pide un total de tres. Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma después de haber sido pospuesto en numerosas ocasiones, Hidalgo, sobre quien pesan por estos hechos un presunto delito continuado de coacciones y otro de prevaricación, ha recordado que en julio de 2006 firmó el decreto para paralizar la actividad del aparcamiento al considerar que éste no contaba con licencia, y que lo hizo amparado por la legalidad y varios informes técnicos y jurídicos que avalaban el cierre. "Si de cuatro jurídicos no me puedo fiar...", ha espetado en este sentido el ex alcalde del PP, quien ha sido conducido hasta los Juzgados de Vía Alemania desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por las dos primeras piezas del ‘caso Andratx’ que fueron juzgadas. Por su parte, Alemany, también vicepresidenta primera del Parlament, ha aseverado que Hidalgo procedió a cerrar la instalación, propiedad en concreto de la madre de la alcaldesa, como represalia por "haber denunciado el caso Montport, por no haberme callado estando en la oposición y porque me negué a dar dos licencias en un Área Natural de Especial Protección (ANEI)" cuando Alemany estaba en la oposición. "Me dijo que iba a ir a por mí y a por mi familia, y que me iba a cortar el cuello", ha asegurado. Respecto al decreto de cierre inmediato del parking, Alemany ha defendido que se trata de una actividad que estaba dada de alta desde 1983, cuando la Diputación Permanente (actual Junta de Gobierno) autorizó el funcionamiento del parking. Así, tras ser clausurada la instalación, la entonces portavoz de UM acudió al archivo del Ayuntamiento para hacerse con una copia de aquel acuerdo e interpuso querella por estos hechos. Mientras tanto, la madre de Alemany, Catalina Moyà, quien también ha sido interrogada como testigo, ha recordado cómo recibió el aviso del alcalde de que "cerráramos de inmediato el parking", lo que ha atribuido a que "algo había entre ellos" -en relación a Hidalgo y su hija-. "Como no pudo atacarla con nada más, fue a por nosotros", ha manifestado tajante Moyà, quien ha señalado que la única causa que motivo el cierre según el Ayuntamiento era la falta de licencia, pero "sí la tenía". Sin embargo, Ana María Barca, quien entonces era secretaria del Ayuntamiento y fue la encargada de redactar el decreto, ha recordado durante la vista que un informe policial aludía a las problemáticas del aparcamiento, por lo que tan sólo dos días después pidió al departamento de Urbanismo que comprobase si contaba con licencia. Después de que la entonces jefa accidental de esta área le transmitiese que no había constancia de la autorización, Hidalgo "me presionó para redactar el decreto con la máxima celeridad". En este contexto, la testigo ha reconocido que "sin esa presión" hubiera elaborado el documento de otra forma, al recordar que en el decreto por un lado se instaba a la clausura inmediata mientras que por otro lado se daba cinco días para presentar alegaciones. "Estaba muy enfadada porque el decreto tenía que salir sí o sí", ha incidido la exsecretaria municipal. Mientras tanto, la exjefa de Urbanismo ha recordado que Hidalgo le instó a hacer un informe sobre los riesgos de inundación de la parcela y si contaba con licencia, que "no encontré en el departamento". LAS ACUSACIONES MANTIENEN SU PETICIÓN Antes de que el juicio quedase visto para sentencia, tanto la Fiscalía como la acusación particular, a través del abogado Miquel Borràs, han mantenido las penas que solicitaban inicialmente, mientras que la defensa de Hidalgo ha pedido su absolución. Tal y como postula la acusación particular en su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, después de que desde finales de 2005 y durante 2006 Alemany -entonces regidora y portavoz de UM- promoviese diversas actuaciones contra Hidalgo por supuestas irregularidades urbanísticas, el entonces primer edil, "abusando" de su cargo, ordenó paralizar y clausurar de forma inmediata la actividad y las instalaciones del aparcamiento propiedad de la madre de Alemany, ubicado en Sant Elm. Un parking que, según defiende la acusación, se encuentra al aire libre y en funcionamiento en virtud de una autorización otorgada por el Ayuntamiento de Andratx en 1983, por lo que considera que la decisión de cerrarlo perseguía causar "graves perjuicios económicos" a Catalina Moyà -madre de Alemany- y con ello "perjudicar" a la edil. Y para ello, realizó diversas actuaciones a fin de "revestir de legalidad formal" el cierre. Todo ello, relata la acusación particular ejercida por el abogado Miquel Borràs, "con la única y clara voluntad de perjudicar a Alemany" y con el "claro" objetivo de impedir el desarrollo de una actividad económica para la que se contaban con las correspondientes autorizaciones. "FINALIDAD ESPÚREA DEL ACUSADO" "La persistencia, voluntad y finalidad espúrea del acusado en lograr la clausura del aparcamiento al margen de cualquier interés general" se plasma, según Alemany, en que tras la presentación de una copia de la autorización de explotación, el entonces alcalde inició toda una serie de gestiones, a través de terceros, tendentes a lograr a la mayor brevedad posible informes que avalasen la existencia de un riesgo de incendio o de inundación en la zona. Sin embargo, afirma que la "voluntad de represalia" de Hidalgo no se limitó a la decisión de paralizar la actividad del parking, sino que "buscando el daño y el descrédito personal y político" de la regidora 'uemita', decidió reclamar a su madre la recepción de las obras y servicios del ámbito territorial del proyecto de urbanización del polígono número 1, sector III, de Sant Elm, así como requerir a Moyà para que procediera al pago del 10 por ciento del aprovechamiento medio, cuantificado por los servicios municipales en un millón de euros.
