El pleno del Parlament balear ha escenificado este martes un duro enfrentamiento entre el PSIB y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, a cuenta del destino de las futuras promociones públicas de vivienda.
La diputada socialista Mercedes Garrido ha reclamado al Govern garantías para evitar que las viviendas protegidas terminen en manos de “familiares de altos cargos”, aludiendo a precedentes registrados en otras ciudades. “¿Puede asegurar que no pasará lo que pasó en Alicante o Málaga?”, ha interpelado.
Mateo ha atribuido esta preocupación al “nerviosismo” del PSIB ante el plan de choque del Ejecutivo autonómico, que contempla la planificación de 7.000 viviendas y otras 1.200 de carácter público. Frente a las críticas, ha defendido un modelo basado en incentivos y no en “políticas mágicas de intervención”.
Sin responder de forma directa, el conseller ha elevado el tono con una ironía en referencia al caso mascarillas: “Espero que vigilen que ninguna VPO o VPL pueda adjudicarse, no sé, a la amante de un ministro”.
El debate se ha ampliado con las críticas del socialista Marc Pons por la falta de uso del derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público. Mateo ha replicado que esta herramienta se aplica bajo criterios técnicos y que no siempre es viable, como en el caso de Sa Pobla, donde el propietario no era gran tenedor.
