Nuevo encontronazo del Govern de les Illes Balears con el Gobierno de España. En esta ocasión por la Ley aprobada el pasado lunes en el Parlament y ya conocida como la Ley de “toros a la balear”. Poco tardó el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en anunciar a la consellera de Cultura, Fanny Tur, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central -y otros colectivos a favor de la tauromaquia- considera que la Ley invade competencias del Estado, porque pese a no prohibir la celebración de espectáculos taurinos -cosa que no podría hacer según la doctrina del Constitucional-, su regulación del modo en que se ha hecho las desnaturaliza y las hace imposibles de celebrar. Para los taurinos, sin la muerte del animal y sin la suerte de banderillas, así como con la limitación temporal impuesta, no tiene sentido ninguna corrida.
Hay que recordar que los partidos que impulsaron la Ley presumieron en su día de la regulación, que ellos mismos llamaron “toros a la balear”, que celebraban como inédita y pronosticaron que otras comunidades seguirían la misma senda. Pero fueron muchos los que entonces advirtieron de que aquel texto se toparía con la doctrina del Constitucional en esta materia. La más que deficiente redacción del texto legal aprobado es notoria y será el TC quien finalmente decida, aunque el recurso del Gobierno y su admisión a trámite, como es de esperar, paralizará la entrada en vigor de la Ley.
Este caso citado, junto al tan reciente de la “Ley Barceló” (que otros llaman Ley Frankenstein), pone de manifiesto un gravísimo problema en el seno del Poder Legislativo autonómico de Balears. Parece que los diputados no fueran conscientes de la importancia de su labor y de la trascendencia que tiene lo que ellos hacen, para miles de ciudadanos. Debieran dejar asesorarse más por los letrados de la cámara e incluso por el Consell Consultiu, y así evitar desastres derivados de una más que deficiente técnica legislativa, además de una arriesgadísima pulsión a introducir modificaciones de última hora que no cuentan con el aval de los expertos.
Esto es lo que sucede cuando se encomienda la redacción de artículos enteros de una Ley a “ciudadanos corrientes”. Hubo quien presumía de que la gente de la calle había llegado a las instituciones y también al Parlament. Ahora vemos las consecuencias de que gente sin preparación legal ni experiencia política, redacten las leyes a vuelapluma. Lo que de ahí sale es infumable y a menudo, inaplicable.
