Koldo García ha comparecido este jueves ante el juez para ser interrogado por su papel como "gestor y custodio" del dinero de Ábalos, aunque, al igual que el exministro, ha optado por no responder a las preguntas del magistrado ni del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. El investigado ha alegado que no ha podido acceder a los audios que sustentan buena parte de los indicios en su contra, y que necesita ese material para comprender el contexto de las conversaciones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su defensa sostiene que, sin ese acceso, no existe igualdad procesal con los investigadores.
En el auto dictado tras la vista, Puente reconoce que los indicios de delito contra García se han "consolidado seriamente" a raíz del último informe de la UCO, fechado el 3 de octubre, que recoge grabaciones "muy expresivas y elocuentes". En ellas se aludiría a posibles adjudicaciones irregulares de obras públicas en connivencia con Ábalos y terceros, a cambio de compensaciones económicas. No obstante, el magistrado concluye que no se dan las condiciones necesarias —riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas— para ordenar su ingreso en prisión.
El informe de la Guardia Civil también apunta a que García utilizaba lenguaje en clave para referirse a entregas de dinero en efectivo de origen "opaco". Según los investigadores, hablaba con su exesposa, Patricia Úriz, de "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros), e incluso mencionaba una "contabilidad A y B" vinculada a los gastos del exministro. En una de las conversaciones, Úriz le pregunta "¿chistorras?" y él responde: "En total. Sí, todo. ¿Y lechuga?". En otras ocasiones, García pedía "un morado" —otro término para un billete de 500 euros— y comentaba su intención de acudir a la sede del PSOE, en Ferraz, para recoger dinero en efectivo.
Durante la comparecencia, el fiscal Luzón subrayó el contraste entre el silencio del investigado ante el tribunal y su “locuacidad” ante los medios de comunicación. Su abogada, Leticia de la Hoz, replicó que su cliente se veía obligado a responder públicamente al "acoso mediático" que sufre, incluso en relación con su vida personal. El juez intervino para cerrar el debate.
Ocho de las nueve acusaciones populares, agrupadas en torno al Partido Popular, habían pedido su ingreso en prisión sin posibilidad de fianza, pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado rechazaron esa solicitud. La Fiscalía considera que, aunque los indicios se han reforzado, las medidas actuales siguen siendo suficientes para neutralizar cualquier riesgo procesal.
García acudió al Supremo en taxi y con una bolsa que parecía contener ropa, según testigos, y abandonó el edificio poco después de la vista, sin prestar declaración. Su defensa ha solicitado además la nulidad de la investigación, alegando que los hechos investigados exceden el alcance del suplicatorio aprobado por el Congreso para proceder contra el aforado José Luis Ábalos.
El exasesor compareció un día después de Ábalos, quien también se acogió a su derecho a no declarar y ha designado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista como su nuevo abogado defensor.
