La huelga convocada por jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio sigue adelante pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha desmarcado formalmente. Pero en Baleares, la movilización no solo sigue viva, sino que se defiende con firmeza. Así lo ha expresado en declaraciones a Mallorcadiario.com el magistrado Alejandro González, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien asegura que “el único organismo con el que no nos sentimos protegidos es el Ministerio”.
La protesta —convocada por todas las asociaciones judiciales y fiscales salvo las progresistas— responde al rechazo de las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al acceso a la carrera judicial y a la Fiscalía. González se muestra tajante: “No nos quieren escuchar. Nos hubiera gustado que nos consultaran antes de tomar decisiones que afectan a toda nuestra profesión”.
SERVICIOS MÍNIMOS GARANTIZADOS y HUELGA INDEFINIDA
El CGPJ ha alegado que no hay base legal clara para validar esta huelga, pero, según el magistrado, eso no supone un veto. “El Consejo no dice que no se pueda hacer huelga. Solo dice que no se posiciona”. Asegura además que los servicios mínimos están garantizados, limitados a “los asuntos urgentes y la protección de derechos fundamentales”. “Nadie se quedará sin respuesta si su caso es urgente”, afirma.
El Comité de Huelga ha asumido que el paro tendrá consecuencias económicas para quienes lo secunden, pero no por ello se ha frenado el pulso con el Ministerio. “Dirán que no ha tenido seguimiento, que es una huelga política. Pero no es así. Es una huelga legal y legítima”, sostiene González, que estima una participación cercana al 80 por ciento de la carrera judicial, aunque admite que no habrá cifras claras hasta que se conozca la carga real de trabajo esos días.
Además, los jueces lanzan una advertencia clara, si no hay marcha atrás en los proyectos legislativos, la huelga se convertirá en indefinida tras esta primera tanda de tres días.
UNA FRACTURA QUE VA MÁS ALLÁ DEL CGPJ
La clave del malestar, explica el juez, no está en el Consejo, al que agradece que no haya cedido “a las presiones del Ministerio”, sino en la actitud del propio Gobierno. “Creen que estamos manipulados, que no haremos nada. Pero la decepción es enorme”, afirma.
Desde las asociaciones se insiste en que lo que está en juego no es solo el estatuto de jueces y fiscales, sino la independencia judicial, el acceso a la carrera y la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía. “Con los proyectos del Ministerio, los más perjudicados no seremos nosotros, sino los ciudadanos”, concluye.
